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Domingo 06 de Noviembre de 2011

Aborto: asunto de vida o muerte

La iniciativa que se pretendió impulsar esta semana en el Congreso reavivó un debate controversial que tiene mil aristas y una profunda complejidad.  Por Martín Rostand

Cobró inusitada fuerza por estos días el debate sobre el aborto en nuestro país a partir de la iniciativa que pretendió instalar la discusión en el

Congreso para dar viabilidad a un proyecto de ley, que terminó cayéndose después de un trámite que resultó irregular en cuanto a las formalidades requeridas para darle tratamiento parlamentario.

El texto que presentó la diputada Cecilia Merchan, ex Libres del Sur, avalado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con 50 firmas, muchas de ellas del oficialismo, permite la interrupción del embarazo a las doce semanas de gestación. Los firmantes fueron los diputados Horacio Alcuaz, del Gen; Diana Conti, kirchnerista; Victoria Donda, de Libres del Sur; Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, y Rubén Lanceta de la UCR. Pero por el contrario de lo resuelto en el encuentro, no se estimó el voto del legislador Jorge Rivas, quien está cuadripléjico y tiene un régimen excepcional para votar en comisión, y el del radical Ricardo Gil Lavedra, quien a pesar de haberse expresado a favor en un primer momento informó luego que por respeto a los diputados de su bloque “no puedo firmar algo sin discutirlo internamente”.

De un total de siete proyectos que circulan en el Congreso hay tres que cobraron mayor preponderancia sobre el resto: el primero es el citado del oficialismo y está respaldado por unos 50 legisladores de distintos bloques. Propone despenalizar el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación. Esa iniciativa fue el resultado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forman parte más de 250 organizaciones de la sociedad civil.

La segunda propuesta es la postura que encabezan el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, y Oscar Albrieu, del Frente para la Victoria, que propone una modificación del Código Penal sobre el aborto no punible.

Una tercera, en la cual una de sus principales voceras es la diputada Cynthia Hotton, de Valores para mi País, cuenta con el respaldo de una red nacional de instituciones que repudian este tema. “El aborto no soluciona el problema de la mortalidad materna”, sostiene la diputada. Este último pide dejar de lado los otros dos proyectos.

Superando todos estos datos que tienen que ver más bien con la información dura respecto de las estrategias que se buscaron para conseguir avanzar en la discusión del proyecto, hay dos puntos sobre los que vale la pena reflexionar. Uno es el hecho de que durante este trámite que relatamos más arriba hubo algunas picardías que buscaron conseguir que el proyecto avanzara de una manera por lo menos desleal con respecto a la sensibilidad que el tema despierta en la sociedad. Y esta deslealtad está referida a la parte conceptual más profunda referida a los principios democráticos. No se puede admitir que un tema tan sensible para la sociedad avance de manera espuria dentro del congreso y debieran ser nuestros propios legisladores los centinelas de que esa pluralidad y respeto por las formalidades no caiga vulnerada por una “avivada” que busca sacar una ventaja muy mezquina.

Porque de lo que estamos hablando es de vida o muerte, lisa y llanamente.

Y aquí va el otro punto. El dilema filosófico que el tema plantea obliga a tomar una posición al respecto que no admite matices ni posiciones alternativas, y esto no es por una cuestión conceptual o de ideas o prejuicios sobre el tópico, sino por una cuestión de estricta lógica.

Se está a favor de la vida o no. Tan simple como eso. Es una cuestión excluyente. Y es la propia lógica la que excluye las posiciones.

Porque no se puede estar a favor de la vida los martes y jueves y el resto de los días no. Como tampoco se puede estar a favor de la vida de los rubios de ojos celestes y no de la de los “cabecitas negras”.

Está sobradamente comprobado en términos científicos que desde que un esperma fecunda a un óvulo comienza a desarrollarse en el seno materno un ser vivo que tiene características especiales y suficientemente diferenciadas de la tipología genética y biológica de su madre, aunque dependa de ella en esos primeros nueve meses para poder aparecer visiblemente como un ser distinto y totalmente independiente de su madre. Y esto no tiene que ver con ningún prejuicio religioso, sencillamente es así.

Nuestra Constitución proclama en su espíritu la defensa de la vida como bien jurídico protegido, y quizás como el más valioso de todos, y además de hacerlo en su concepto más profundo lo hace puntualmente en varios de sus apartados, como el artículo 14, el 14 bis, el 16, o el 19, por sólo citar algunos.

Por lo tanto, y siguiendo los preceptos de la lógica más estricta, si nuestra Ley Fundamental defiende la vida, una ley subalterna no puede atacarla.

Se ha esgrimido el argumento de que en la Argentina hoy se está practicando una cantidad realmente alarmante de abortos, que por imperio de la ley deben ser clandestinos, en condiciones higiénicas y terapéuticas deleznables, que terminan produciendo la muerte de las madres que consienten esos abortos.

Legalizar el aborto y asegurar su gratuidad para todas aquellas madres que quisieran hacerlo como manera de proteger sus vidas es un argumento que se vuelve absurdo desde el punto de vista lógico.

Porque con el mismo criterio también deberíamos proteger a los delincuentes que quieren salir a robar pero no tienen ningún reparo en matar a quien se interponga en su propósito, como argumento para bajar la tasa de mortalidad en los hechos de inseguridad, de modo de proteger la vida de los que están dispuestos a matar pero no quieren que los maten.

La cantidad de madres que mueren intentando abortar embarazos que en un altísimo porcentaje son producto de relaciones consentidas es un hecho incontrastable de la realidad. Pero no puede ser el aborto la herramienta para corregir esa iniquidad.

Ese es un problema que expone de manera lacerante la ineficacia en la administración de nuestro Estado en el tema salud y en la punición penal, pero especialmente en el tema educación, y no ya de educación sexual, notoriamente necesaria, sino de educación sencillamente.

Se vuelve a caer en el absurdo cuando se alega que es la ignorancia de las madres lo que las lleva a intentar abortar y las hace poner en riesgo sus propias vidas, no ya la de sus hijos, respecto de las cuales ni siquiera parecen tener conciencia.

No puede el legislador argüir como fundamento la ignorancia de terceros, en este caso las madres que consienten abortos, para legalizar esa práctica como medio de proteger la vida de quien presta su consentimiento para consumar un crimen. En ese caso el absurdo ya es mayúsculo.

El tema es preguntarnos por qué proliferan los abortos si el Código Penal los castiga con severidad. Usar el aborto como camino para corregir estas falencias es usar el camino más corto y fácil y todos sabemos que en cuestiones de vida ese camino casi siempre es el equivocado.
 

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