Economía
Lunes 05 de Septiembre de 2011

Alvear: Productores en alerta por resolución de la AFIP

La medida está vigente y alcanza a productores de pera, manzana y durazno. Algunos productores amenazan con un tractorazo. 

La resolución 3152 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso a los productores primarios en alerta y los más osados se atrevieron a lanzar el grito de guerra “tractorazo”.

La medida tomada por el organismo impositivo asume que un productor que tiene entre 1 y 50 hectáreas emplea como mínimo a cinco persona y en consecuencia debe realizar los aportes al Sistema Único de Seguridad Social correspondientes a esa cantidad de gente.

Desde Federación Agrarias y la Cámara de Comercio alvearense alzaron la vos y casi al unísono hablaron de “irracionalidad” y "falta de conocimiento de la realidad productiva", mendocina.

El desacuerdo con esta medida también llegó a las más altas esferas del gobierno provincial. El ministro de la Producción Raúl Mercau también se expresó en contra de la aplicación de la resolución.

“No es real la escala, no es lo mismo un productor de una o cinco hectáreas que el de 50. Hay que acordar los parámetros y no que se impongan”, dijo Mercau.

Para José Luis Matellanes presidente de la cámara de comercio local “no es razonable esta resolución, e ve que está elaborada por alguien que está metido en una oficina y no conoce el medio. Un pequeño productor de 5ha. o 7ha. trabaja solo una finca. El rango que implementaron es demasiado amplio y no se condice con al realidad”, sentenció.

Por su parte Carlos Achetoni de FAA, también puso el grito en el cielo. “No contempla producción, acá no importa si cosechas o no, tenés que pagar igual y ni que hablar de la rentabilidad que tiene un pequeño productor. Además ¡cinco empleados! un finquero con 3 o 4 o 6 hectáreas, se ve que no saben nada”, sostuvo.

La oposición política alvearense también se sumó a los reclamos y el bloque de conejales de la UCR elaboró una resolución, que debe tratar el cuerpo, solicitando que se deje sin efecto la decisión del organismo nacional. “La irracionalidad (de la AFIP) frente a la actividad real que hace inviable cualquier explotación productiva, en especial a las pequeñas y medianas”, se lee en el articulado.

Desde las entidades, empresaria y la agrícola gremial, han mantenido contactos por separado con sus pares del resto de la provincia e insisten en que el Gobierno tome cartas en el asunto, cuanto antes.

Desde el ministerio de la Producción anticiparon esta movida y durante el transcurso de esta semana “nos vamos a reunir con las entidades para abordar el tema y con las conclusiones vamos a reunirnos con la AFIP para trasladar el planteo”, indicó Mercau.

En el sexto piso de Casa de Gobierno, están manejando por estas horas una alternativa que le permita al Estado nacional recaudar y que los productores no estén apretados.

“Es un sistema de corresponsabilidad gremial empresaria y con participación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se acuerda cuanto se va a pagar, si por kilo o hectárea, y cuando se entrega la materia prima, surge cuanto es el aporte, que se podría cancelar en 5 cuotas”, resumió el titular de la cartera de Producción. Mercau también plantea “la exclusión” de los más pequeños.

Por el momento el sector está en alerta y si bien las voces que piden medidas extremas son aisladas, el mal humor reinante entre los finqueros es real y la temperatura sigue en aumento.

La resolución 3152

La resolución de la AFIP, del 29 de julio, modificó los Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) para distintas actividades económicas y entre ellas, abarca a la producción de frutas de pepita (manzana y pera) y el durazno.
Según reza el encabezado, la resolución permite “establecer la cantidad mínima de trabajadores requeridos para diversas actividades, a fin de determinar de oficio los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social”.
En el caso de la manzana y pera la normativa establece la cantidad de trabajadores permanentes en un empleado para propiedades de una a cincuenta hectáreas en producción.
En cuanto al durazno el órgano nacional estima que un propietario, también en el rango de 1 y 50 hectáreas, tiene a cinco empleados trabajando mensualmente y por lo tanto debe efectuar los aportes correspondientes a cada uno.
Además y para ambos casos, fija porcentajes diferentes para los obreros temporarios que efectúan actividades de poda, raleo y cosecha.

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