Política
Domingo 04 de Septiembre de 2011

Amado Boudou se adelantó a La Cámpora como negociador de un acuerdo K con el macrismo

La Casa Rosada y el Gobierno Poteño avanzan en un pacto que invulucra cargos en la Ciudad para dirigentes K y aprobación de leyes claves para el segundo mandato de Mauricio Macri. La Auditoría General de la Ciudad en la mira.

La apetencia de puestos clave por un lado y la pretensión de mejorar la gestión por el otro son los motores que llevan a un acercamiento entre el kirchnerismo y el Gobierno de Mauricio Macri, dos administraciones que, según se prevé, cohabitarán cuatro años más.

Macri ya nombró un interlocutor para avanzar en la tarea, su futuro ministro de Gobierno, Emilio Monzó, mientras que del lado kirchnerista Amado Boudou ya comenzó a ejercer influencia para tomar el control de las negociaciones. Pese a que ambos negaron haber hablado, se conocen desde hace años y de hecho un estrecho colaborador de Boudou, Juan Ignacio "Juanchi" Zabaleta, comenzó a conducir las conversaciones con el PRO por una veintena de puestos apetecidos por el kirchnerismo.

Este desembarco generó algunas rispideces con la agrupación La Campora, cuyos hombres fuertes en la Ciudad son Juan Cabandié y Andrés Larroque, al punto que no fueron a una cena organizada por Boudou, aunque ambos estuvieron recomponiendo relaciones en el Ministerio de Economía el miércoles pasado. El diálogo se reactivó tras las elecciones porteñas de julio y podría derivar en que ambas fuerzas acuerden repartirse la mayoría de los cargos en la Auditoría General, o que el kirchnerismo se adueñe de plazas destinadas a la oposición del Banco Ciudad o el Consejo de la Magistratura.

Por su lado el PRO pretende avanzar con la aprobación del presupuesto 2012, que conllevará un aumento del ABL y la aprobación de un nuevo bono de deuda 500 millones de dólares, que en buena parte será destinado a la obra pública. La composición de aquellos organismos se define en algunos casos, como en el de la Auditoría General, de acuerdo a la proporcionalidad de fuerzas políticas que conviven en la Legislatura porteña, mientras que el resto dependen de los acuerdos a los que arriben el oficialismo y el arco opositor.

Fuentes de la Legislatura porteña consultadas por Noticias Argentinas señalaron que la definición sobre esas plazas se llevará a cabo entre fines de octubre y mediados de noviembre, aunque admitieron que ya hay conversaciones al respecto. Las expectativas por el reparto de cargos comenzaron a hacerse sentir en la última sesión de la Legislatura, donde se aprobó la creación del Régimen de Promoción y Estímulo para el Tendido de Ductos de Fibra Óptica y de un Polo Audiovisual, medidas que venían siendo resistida por la oposición y que contaron con el visto bueno del bloque K.

De hecho, el líder de Proyecto Sur (que votó contra), Fernando "Pino" Solanas, afirmó que "el macrismo y el kirchnerismo siguen votando juntos leyes cuando hay negocios que perjudican a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires". El principal objetivo del PRO y del kirchnerismo es la Auditoría General, actualmente, integrada por los kirchneristas Sandra Bergenfeld (presidenta) Josefina Prada y Adriano Jaichenco; los macristas Santiago De Estrada, Juan Carlos Toso y Alejandro Fernández y una auditora de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago.

Debido a su condición de primera minoría en la Legislatura, el PRO da por descontado que retendrá sus tres lugares en el organismo, pero ve con desconfianza la posibilidad de que Proyecto Sur, como segunda minoría, pueda ingresar con dos o tres auditores. En este marco, el kirchnerismo evalúa conformar un interbloque en la Legislatura con los legisladores de Nuevo Encuentro, Bloque Peronista y Diálogo por Buenos Aires, para consolidarse como segunda minoría y retener así sus puestos en el organismo.

Fuentes del Ejecutivo porteño indicaron a NA que al PRO no le desagrada la idea de que los K conserven sus lugares en la Auditoría e, incluso, la presidencia de la entidad, teniendo en cuenta la "mejora" en la relación con la Casa Rosada que acusan. De conformarse el interbloque kirchnerista, el espacio que lidera el legislador Juan Cabandié (de estrecha relación con el Gobierno nacional) tendría mayor margen para negociar con el PRO el desembarco en otros organismos en disputa. Es el caso del Banco Ciudad, donde se renovarán dos cargos del directorio y los candidatos a ocuparlos deberán ser sometidos a votación en la Legislatura, un escenario en el que siempre se tejen acuerdos entre partidos.

El PRO le propuso al legislador Diego Kravetz (alineado con el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman) ocupar uno de esos cargos, pero el diputado todavía no dio una respuesta, según señalaron en su entorno a NA. Misma situación se da con el Consejo de la Magistratura, integrado por nueve miembros de los cuales tres deben ser elegidos por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes del pleno. En el PRO, quien más interés tiene en recalar en ese organismo es el legislador Martín Borrelli, cuyo mandato vence este año y no aspiró a ningún otro cargo.

Las negociaciones entre el PRO y el macrismo también podrían extenderse al reparto de cargos en AUSA, la empresa del Gobierno de la Ciudad encargada de la administración y mantenimiento de las autopistas porteñas, cuyos puestos se definen fuera del ámbito de la legislatura. Por otra parte, la Legislatura porteña también deberá decidir quiénes serán los cinco miembros que integren el directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

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