Política
Miércoles 13 de Enero de 2016

Auditoría a las cuentas públicas: se desconoce el destino de 109 millones

La AGN los detectó y los reflejó como "diferencia contable". Se investiga qué fue de ese dinero, que ingresó a la Provincia y del que no se encuentran registros

En la tormenta de datos que arrojó el informe de la Auditoría General de la Nación sobre el estado de las cuentas públicas locales al momento de asumir Alfredo Cornejo, volaron números al por mayor. Deuda consolidada, flotante, deuda con vencimiento a corto y cortísimo plazos y pases a planta hechos a último momento. Cada uno de estos ítems son por sí mismos pasibles de ser investigados.
Sin embargo, una cifra llama la atención por no contar con ninguna documentación que la respalde. En el informe está expresada como "diferencia contable" entre lo que efectivamente se distribuyó y lo que se debe aún a los municipios en carácter de coparticipación.
Son exactamente $109 millones que no tienen justificación, al menos por el momento.
Silvia Benítez, responsable de coordinar la auditoría y quien ofició de nexo entre la Provincia y la AGN, explicó de dónde surgió el dato y porqué la vicegobernadora Laura Montero hizo hincapié en investigar esa cifra.
Por su lado, el fiscal de Estado, Fernando Simón, aseguró a través de un comunicado de prensa, difundido ayer (ver aparte), que ya estaba al tanto de posibles irregularidades en cuanto a la masa de ingresos coparticipables y que pidió información al Ministerio de Hacienda, que aún no le es remitida.
La plata fantasma
Durante el informe brindado el martes por Montero hubo una pausa.
Fue en el momento de explicar la deuda en carácter de masa coparticipable que el Gobierno provincial mantiene con los municipios.
Es que simplemente hay $109 millones que llegaron a la Provincia y de los que no hay registro.
Según la explicación brindada por Benítez, la cifra surge de contabilizar los fondos coparticipables que llegaron a la Provincia y los que efectivamente se distribuyeron a los municipios.
Así, al 10 de diciembre de 2015, el total de fondos coparticipables enviados a la Provincia era de $5.123 millones. El Estado realizó retenciones por $1.092 millones. Por lo tanto, debían distribuirse a las comunas $4.031 millones.
Sin embargo, se enviaron a las comunas $3.441 millones. Benítez explicó que la diferencia entre ambas cifras –lo que había y lo que concretamente se repartió– es de $590 millones.
El problema surge al detectar que existe certificación de fondos impagos por $481 millones. Falta determinar qué sucedió con eso $109 millones de los que no hay registros.
Este dinero, según se informó, correspondía a transferencias automáticas a los municipios en carácter de fondos especiales: financiamiento educativo y Fondo Federal Solidario.
Al ser consultada acerca de si ese desfasaje puede tener que ver con un error de la auditoría, o por una falta de certificación de la deuda, Benítez respondió que hay que investigar, y que ésa es tarea del fiscal de Estado, Fernando Simón. Y por otra parte, descartó casi totalmente que se trate de un error del informe que se ha elaborado.

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