País
Sábado 29 de Octubre de 2011

Causa Puerto: Diario UNO le ganó a El Litoral una importante batalla judicial

Gustavo Víttori, dueño del vespertino había denunciado penalmente al jefe de redacción del UNO Santa Fe, Pilo Monzón, por el delito de injurias. Para la Justicia, sólo se publicaron informes periodísticos sobre un tema de interés público

El juez de Instrucción Penal de la Tercera Nominación de Santa Fe, Dr. Orlando Pascua, resolvió que el periodista Pilo Monzón, no incurrió en el delito de injurias que le atribuía Gustavo Víttori, dueño de diario El Litoral y ex titular de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas). En las conclusiones del expediente judicial Nº1136-2008, el magistrado señaló que “se atribuyó a Juan Raúl Monzón haber injuriado a Gustavo José Víttori mediante notas periodísticas que involucraban a éste último con adquirentes de terrenos cercanos al lugar donde se ubicaría el puerto local. En este tema, evidentemente, se ha ventilado un tema de interés público relacionado con un supuesto tráfico de influencias en la relocalización del referido puerto”. De este modo el magistrado entendió que los episodios investigados, documentados y publicados en Diario UNO no tuvieron otro fin que el de informar acerca de las dudosas y polémicas compras de tierras, entre ellas las de su socio y estrecho colaborador en diario El Litoral, Nahuel Caputto, en la zona donde se levantará el nuevo puerto.

La causa tuvo su origen el 21 de diciembre de 2007, fecha en la cual Gustavo Víttori, dueño del vespertino santafesino y por entonces, máxima referencia nacional de ADEPA presentó una denuncia penal contra el redactor jefe del matutino y por propiedad transitiva, contra Diario UNO de Santa Fe. Se trataba de 63 páginas a las que adosó una importante cantidad de artículos publicados en el vespertino de su propiedad, folletos varios y la investigación publicada en Diario UNO sobre las anómalas maniobras de compra-venta de terrenos en las inmediaciones del lugar donde se erigirá la nueva estación fluvial santafesina. Varias de ellas fueron realizadas por su colega, socio y par en el directorio de El Litoral, Nahuel Caputto. Las mismas fueron publicadas en Diario UNO de Santa Fe en sus ediciones del 8, 22, 24 y 29 de julio; 3,5 y 12 de agosto; y el 25 de septiembre de 2007.

Diario UNO dio a conocer la existencia de operaciones de compra y venta de tierras en la zona de islas antes del pronunciamiento de la consultora que determinó el sitio exacto donde se levantará la nueva estación fluvial; que hubo miles de hectáreas adquiridas a precio vil; cómo fue que en esa zona se realizaron una decena de traspasos de terrenos cuyos dueños eran modestos propietarios hacia un mismo empresario en algunos casos y hacia sociedades anónimas en otros; se brindaron a la opinión pública los nombres, folios y tomos del Registro de Contratos Públicos donde se asentaron estas operaciones y que tomando por caso ese mismo año 2007. Y un dato clave: mientras Gustavo Víttori pugnaba por el traslado de la estación fluvial hacia la “Posición G” su socio comercial y editorial, Nahuel Caputto compraba centenares de hectáreas allí. Luego de la publicación de dichos informes, Víttori denunció penalmente al periodista Pilo Monzón y a Diario UNO por haber dado a conocer la serie de interrogantes que dejaba su condición de vocero de las condiciones de un lugar determinado y que en derredor de él, uno de los adquirentes de tierras era su socio directo. Fue así que el ex presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe inició un largo y desgastante litigio judicial con un solo motivo aparente: disciplinar al periodismo y a las instituciones interesadas en este tema vital para el desarrollo de Santa Fe.

Matar al mensajero
Gustavo Víttori, además de ser dueño del diario El Litoral y su máximo responsable editorial, al momento de llevar al periodista Pilo Monzón ante los estrados, era presidente de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. El dato no es menor. Como titular de un medio de comunicación y más aún, como representante de una institución con vasos comunicantes en todo el país, sabe expresamente que querellar a un periodista significa enviar un nítido mensaje a quienes ejercen la profesión, pero también a la comunidad toda. Es una manifestación de poder, lacerante y con intenciones inhibitorias de la actitud crítica periodística. Mientras quería punir penal y económicamente a un cronista de Santa Fe, mostraba otro rostro en Buenos Aires y para ADEPA. Allí Víttori escribía en contra de la judicialización de periodistas y medios de comunicación “ya que cumplen con su mandato de informar”. Durante su gestión en ADEPA, refrendó un comunicado donde consideraba necesario que “se desista de perseguir penalmente a periodistas y directivos de medios, en la genuina convicción de que con ello se contribuirá a afianzar la más irrestricta vigencia de la libertad de prensa, valor clave de toda sociedad moderna”. Pero su pluma iba más allá. Creía que era indispensable actualizar el debate para “despenalizar los delitos de calumnias e injurias a través de la prensa” prometiendo que ADEPA iba a “redoblar sus esfuerzos ante el Congreso de la Nación a fin de explicar la conveniencia de su eliminación”. Mientras tanto en Santa Fe, presentaba una acción judicial plagada de descalificaciones con el fin ulterior de evitar una revisión de lo actuado en proceso de traslado del puerto.

Conclusiones
El juez Orlando Pascua entendió en su resolución que en el contenido de las notas publicadas por Diario UNO “evidentemente se ha ventilado un tema de interés público relacionado con un supuesto tráfico de influencias en la relocalización del referido puerto”. Sumado a ello, durante el proceso judicial se produjeron modificaciones trascendentes en el Código Procesal Penal, devenidas del caso Kimel, que despenalizaron las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público. De esta manera, el fallo Víttori contra Monzón terminará sentando una importante jurisprudencia a nivel provincial ya que el juez Pascua hace referencia en la segunda parte de la sentencia al fallo Kimel tal cual lo solicitara la defensa del periodista de Diario UNO en el inicio mismo de la causa. Quedó demostrado que se trató de episodios reales, documentados y publicados que no tuvieron otro fin que el de dar a conocer una serie de compraventas de tierras realizadas por varias personas, a precios excesivamente bajos, en un momento determinado y en una zona específica, justamente donde será levantado el nuevo puerto y que entre los adquirentes hay un socio de El Litoral, siendo el dueño del vespertino uno de los máximos difusores de dicho lugar. En virtud de ello, el juez Pascua terminó por delinear un pronunciamiento categórico: “La acción resulta atípica cuando las expresiones vertidas refieran a asuntos de interés público (...) Por ello entonces, el hecho atribuido a Juan Raúl Monzón no encuadra en la figura penal del delito de injurias”.

Lo destacable de esta sentencia es que se alumbró un fallo judicial que sentará jurisprudencia en la provincia ya que neutraliza la pretensión de hostigar y disciplinar a la prensa a través de un asfixiante asedio en los Tribunales. Un freno para aquellos que quisieron convertir una acción judicial en defensa del honor, en un instrumento para el control de la libre expresión y la información. Luego de una compulsa de casi cuatro años en los tribunales de Santa Fe, emerge este fallo judicial que será un antecedente importante no sólo para el ejercicio periodístico, sino también para ratificar el derecho de una sociedad a ejercer los controles republicanos.
 

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