País
Domingo 19 de Julio de 2015

Cornejo deberá sumar recursos para Educación

Carina Luz Pérez
perez.carina@diariouno.net.ar

La Dirección General de Escuelas destina el 97% del presupuesto a pagar salarios de 54.600 personas que trabajan como docentes (44.000), administrativos (800) y celadores (9.800). El restante 3%, unos $500 millones, sirve para darles operatividad a las 2.500 escuelas que tiene la provincia. Cuenta con otros $250 millones que aporta la Nación para todos los programas creados para capacitar docentes, proyectos especiales, libros, equipamiento, deporte y apoyo escolar.
Con este esquema, desde la propia DGE reconocen que los recursos son insuficientes para atender un sistema educativo que se expande, a medida que crece la población y debido a la ley nacional que le exige al Estado contener a los chicos entre los 4 y 17 años, ya que la educación es obligatoria hasta la secundaria.
En ese contexto, la calidad educativa está en el banquillo de los acusados, junto con la falta de un sistema para evaluar la tarea de los docentes y los nuevos roles que la sociedad le derivó a la educación escolar.
Ya en campaña, el gobernador electo, Alfredo Cornejo, prometió insuflarle mayor cantidad de recursos al sistema, elevando paulatinamente el 5% del Producto Bruto Interno al 8%, una vez aprobada la Ley de Educación provincial, que ya tiene media sanción de Diputados.
Como se señala respecto a toda la administración de Francisco Pérez, Cornejo quiere reducir los gastos improductivos, que en el caso de la DGE están concentrados en el problema del ausentismo docente, los 4.400 profesores con cambio de funciones y otros 860 en misiones especiales, y la incorporación de muchos celadores “debido al clientelismo político”.
Mientras que el gobierno escolar reconoce como una constante que el ausentismo docente es del 10% promedio anual, con variaciones de mayor incidencia en los meses de invierno y hacia final de año, los radicales lo miden de otra forma y hablan de 100 mil días caídos de licencia de menos de 10 días, lo que representa $36 millones al año, monto equivalente al dinero gastado para reparar escuelas.
“Una mala organización de los recursos, combinado con la falta de control del ausentismo, termina por castigar a los docentes frente al curso, que tienen que trabajar en varias escuelas, en distintas funciones y no rinden al 100%. La propuesta en línea generales es que cada peso que se ahorre, se destine al menos al 50% a condiciones estructurales de educación como infraestructura, capacitación, bibliografía y conectividad”, explicó el diputado Tadeo García Zalazar (UCR).
Además, el legislador señaló que por cada cargo docente titular, son abonados 2,2 sueldos, engrosando la proporción entre recursos para salarios frente al dinero para que todo el sistema funcione a diario. Esa dinámica responde, según información oficial ofrecida por la DGE, a que hace varios años se estableció por paritaria que un docente titular tiene derecho a tener un remplazante en caso de enfermedad, y a su vez, este derecho se extendió para los docentes suplentes.
Qué aprenden los chicos
Otra de las grandes críticas que ha plasmado el radicalismo durante la campaña, son los magros resultados en cuanto a lo que aprenden o no los alumnos en el aula. Mientras que se refugian en las pruebas PISA que indican que el 54% de los chicos no comprende lo que lee y el 67% no es capaz de resolver problemas simples de matemática, el gobierno defiende otras mediciones.
María Inés Abrile de Vollmer, detalló que “las pruebas PISA se toman sólo a 240 estudiantes, y las pruebas nacionales, toman las evaluaciones a más de 19 mil chicos en la provincia, cuyos resultados arrojaron que hubo una mejora en el aprendizaje del 5% en Lengua y del 1,5% en Matemática, respecto a la muestra anterior”.
La funcionara dijo que al asumir su gestión, el 50% de los estudiantes de escuelas secundaria estaban fuera de ese nivel formativo, y ahora, luego de la estrategia de inclusión que propuso la nueva ley, el 90% de los adolescentes van al colegio, faltando sumar en este nivel el 10% restante. Pero a su vez, parte de estos chicos terminan su formación en los CEBA y los CENS, quedando el 2% de deserción escolar.
Precisamente la política de inclusión de los alumnos al sistema, obligó a crear toda una red de apoyo escolar porque los “nuevos” alumnos incorporados hasta habían perdido el hábito de estudiar o trabajaban.
García Zalazar aseguró que “la escuela no educa detrás de un falso criterio de inclusión. Hay países como Brasil que demostraron que se pueden mejorar los indicadores de calidad con inclusión. Ahora, no se sabe cuántos chicos están fuera del sistema, porque los datos que ofrece la DGE son sobre la matrícula inscripta, pero no se cruzan datos con el Registro Civil por ejemplo, para conocer quiénes no fueron a matricularse”.
Sobre este tema, Abrile de Vollmer reconoció que en adelante deberán realizarse estos cruces para conocer exactamente qué cantidad de niños ingresaron efectivamente al sistema, pero que no cree que sumen un número preocupante.

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