Mendoza
Miércoles 21 de Diciembre de 2016

Corridas, gas pimienta y vidrios rotos en la legislatura

Los diputados sesionan sobre cambios en la empresa provincial de transporte. Lo hacen a puertas cerradas mientras que fuera de la legislatura se producen incidentes

Mañana de furia en la Legislatura de Mendoza. Corridas, vidrios rotos, gas pimienta y un intento de desalojo es parte de lo que se está viviendo en la Casa de las Leyes mientras se debaten los cambios sobre la Empresa Provincial de Transporte (EPTM), lo que ha sido tildado como una privatización desde algunos sectores.

Mientras la Cámara de Diputados debate los cambios, que obligará entre otras cosas a trasladar empleados de la EPTM, mientras que también se abrirán los retiros voluntarios, en los alrededores de la legislatura la situación es caótica.

Los problemas se veían venir desde temprano. Antes de que los legisladores llegaran al recinto, el FIT, empleados de la empresa y otros gremios cortaron Colón y San Martín y se trasladaron a la legislatura provincial, donde continuaron con el corte. En el medio también cruzaron algunos troles sobre calle España y Sarmiento. Hasta ese momento, la protesta no se salía de lo habitual que es un corte de calle.

Sin embargo, los problemas se fueron agravando. Los gremios acusaron de que los querían desalojar, al lugar llegó el fiscal Carlos Torres que les dio diez minutos para dejar libre la calle. Sobre Patricias, un conteiner de basura era incendiado y los gremialistas daban una insólita razón: que había sido culpa de un cigarrillo mal apagado que cayó sobre bolsas de nylon.

Pero ese fuego no fue lo único. También hubo corridas, vidrios rotos sobre el ingreso por Patricias Mendocinas a lo que la Policía respondió lanzando gas pimienta. Frente a esto, las puertas de la legislatura se cerraron, una vez más.

En tanto, en el recinto, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés llamaba a los legisladores al recinto, mientras que los miembros del justicialismo se quejaban del proyecto de ley.

Posiciones

Desde el Gobierno defienden el proyecto de modificación asegunrando que la empresa da pérdidas.

Según sostienen, tiene 11 empleados por cada coche que funciona y está atravesada por una conflictividad sindical muy alta –según el Gobierno–. De ella participan tres gremios: la UTA, ATE y UPCN. Estos no tendrían cabida en el nuevo diagrama, semejante al de una empresa privada, pero de íntegra propiedad del Estado. En su lugar, lo que quieren es una sociedad anónima saneada, sin deudas, que comience desde cero y sin "la extrema sindicalización de sus empleados".

Desde el FIT y el justicialismo están en contra del proyecto. Aseguran que es una privatización y que serán muchos los trabajadores que quedarán en la calle en caso de convertirse en ley.


Fuente: Diario UNO de Mendoza

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