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Sábado 03 de Septiembre de 2011

El delito en un Estado inoperante

Frente a casos complejos, como el de la pequeña Candela Rodríguez, debe haber inteligencia, investigación y pericia para alcanzar la resolución eficaz.

El caso Candela nos apena, sofoca, aterra. Hay monstruos humanos entre nosotros. Muchos de ellos organizados en bandas criminales con recursos y logística. Habrá también por ahí otros especímenes indeseables aislados, que de tanto en tanto, se hacen notar. Pero lo de las bandas, lo del crimen organizado, tiene una matriz sistémica, tiene que ver con las características estructurales de un país, de un lugar, con sus condiciones ambientales. Tiene una raíz política y se hace carne en lo social y lo cultural. El delito prospera porque la política no quiere o no sabe hacerse cargo y se traduce en un Estado inoperante. Emana de los espacios corruptos –permisivos o cómplices– en el ámbito de lo estatal. Tampoco faltan miembros de las fuerzas de seguridad comprometidos en el delito organizado que sobreviven a las purgas espasmódicas.

No sabemos a ciencia cierta qué llevó al cruel final de los días de Candela porque lo que hay son conjeturas y mientras imploramos justicia, que no haya impunidad, reclamamos otra vez, nunca más.

Una vez más queda demostrado que venimos perdiendo como sociedad, que las sucesivas gestiones no son capaces de revertir el proceso de descomposición en el que nos estamos sumiendo. Desde hace años se viene advirtiendo sobre la presencia del narcotráfico, la trata de personas, los secuestros extorsivos, la piratería del asfalto, los desarmaderos clandestinos y otras tantas modalidades delictivas. El crimen organizado desde hace años viene proliferando en nuestro país. Por más que se hable de “ajuste de cuentas”, como si se tratara de un problema contable entre particulares, lo real es que el Estado no puede desentenderse. Es un problema que está enmarcado en el amplio y ambiguo concepto de inseguridad.

Desde las políticas estatales debe acertarse en los cambios sociales y en las cuestiones relativas a la violencia. Desde el Estado hay que dar ejemplos de un bajo índice de impunidad para los delitos y de que la Justicia actúa con eficacia. En esto consiste la prevención. Trabajar en las reformas en aras de la calidad policial, antes que la cantidad, porque las metas de reclusión de efectivos a como dé lugar terminan atentando contras las pretensiones de una fuerza profesional, jerarquizada y transparente.

Ante los casos complejos debe haber inteligencia, investigación y pericia para su resolución eficaz, salvaguardando la integridad de las víctimas y de las pruebas para los procesos judiciales.

Y otro asunto que se debe merituar como una competencia indelegable del Estado: planificar la difusión de los casos, para que la mediatización resulte funcional y no entorpezca la investigación o resolución de un conflicto. Especialistas ocupados de tal fin deberían definir –sobre todo cuando la vida de las víctimas está en juego– cuándo dar profusa difusión o preservar en reserva prudente el caso para dar lugar al trabajo de los expertos sin interferencias y en lo posible, para evitar el mero circo mediático.

 

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