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Domingo 13 de Noviembre de 2011

El Gobierno confirmó que irá a la Corte nacional para revertir el fallo a favor de Camargo

Apelará la sentencia que ordenó la restitución del fiscal destituido en 2006 por allanar la Legislatura. “Tiene olor a defensa corporativa”, acusó el secretario Fernando Simón.

Marcelo Arce
marce@diariouno.net.ar

El gobierno de Celso Jaque confirmó ayer que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el polémico fallo de un tribunal de conjueces locales que anuló la destitución del fiscal Alberto Camargo –y desató al instante un revuelo político– el viernes último.

Camargo fue removido por el Jury de Enjuiciamiento en 2006, por allanar la Legislatura en medio de la disputa de aquella época entre los magistrados y el poder político. Un tribunal de conjueces de la Corte local –activistas importantes de aquellos años en la pelea por la indexación salarial de los jueces– dio vuelta esa sentencia, que fue dictada por un órgano institucional. El actual titular de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, entre otros, salió a reclamar la intervención de Jaque “a fin de evitar el grave daño institucional”, según dijo.

El secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón, confirmó ayer que el gobernador instruyó al asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, para que en el transcurso de la semana presente ante la Corte nacional un recurso extraordinario de apelación al controvertido fallo de los conjueces.

“No compartimos el fallo ni remotamente. Es una invasión entre poderes y tiene olor a defensa corporativa”, expresó Simón a Diario UNO.

Tal esquema siguió la dupla que asumirá el gobierno el 9 de diciembre. Francisco Pérez y Carlos Ciurca analizaron ayer el caso, y no sólo respaldaron la decisión de Jaque, sino que además asumieron el compromiso político de seguir de cerca la apelación a la Corte nacional a partir del mes próximo.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares, atacó también a los conjueces al sostener: “En el fondo, entendemos que es un fallo que lamentablemente vuelve a fojas cero un trabajo institucional que se había realizado desde el gobierno de Jaque para mejorar las relaciones con los magistrados”.

Y agregó: “Este fallo es netamente corporativo y tristemente reconoce un derecho que en ningún momento se violó, como es el de defensa en juicio”.

Simón señaló que “ha habido una invasión de un poder sobre otro: el Jury es un órgano independiente de los poderes y revisar un fallo del Jury es algo que no se puede hacer”. El funcionario indicó que hay salvedades, como que se hayan generado, durante el proceso, violaciones groseras al derecho de defensa. “Pero en este caso claramente no las hubo”, cerró.


Fallo y escándalo

En un fallo polémico, histórico y sin precedentes, un tribunal de conjueces de la Corte local anuló la destitución de Camargo, quien fue removido en 2006 por allanar la Legislatura un año antes con el objetivo de investigar a los senadores que habían votado la reforma del artículo 151 de la Constitución provincial para poner fin al sistema de indexación salarial automática de los jueces.

En fallo dividido, a partir de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el propio Camargo, con la postura mayoritaria de los conjueces Alberto Staib y Jorge Enrique Serra, y el voto en disidencia de la jueza Silvina Furlotti (a favor de rechazar el planteo), el tribunal ordenó además que se reincorpore al ex fiscal para que pueda jubilarse, debido a su delicado estado de salud.

Staib, por caso, es un camarista civil que en la década de los ’80 encabezó la demanda que un grupo de jueces –luego conocidos como “los 33 orientales”– inició al Estado por los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de sus salarios. Se trató de una actitud que el magistrado conservó durante la dura pelea que los jueces tuvieron con los gobernadores Roberto Iglesias y Julio Cobos.

La sentencia provocó un cimbronazo en el mundo político e institucional local.
Desde la Legislatura se oyeron voces del oficialismo y de la oposición que salieron a denunciar “una reacción corporativa”.

Pérez Hualde fue más allá. En un comunicado que redactó a las pocas horas de conocido el fallo pidió la intervención de Jaque “a fin de evitar el grave daño institucional que implica una severa lesión a las facultades constitucionales y legales de este Jury de Enjuiciamiento”.

El gobernador, según ratificó ayer Simón, recogió el pedido del supremo y con duras críticas políticas anunció la pelea que ahora dará en la Justicia nacional para dar vuelta el controvertido fallo.

La justicia es sólo para ellos
El fallo de los conjueces trae el recuerdo de los años de guerra que se llevaron por delante una década de calidad institucional en Mendoza. Pero también es un golpe para Celso Jaque, que a poco de asumir hizo un acuerdo con los jueces en el que les dio todo (desde el punto de vista salarial) a cambio de una renovación que el Poder Judicial concretó a cuentagotas. El fallo de la polémica sale cuando el poder político pretende que los magistrados aporten a la OSEP. Otra vez, como en aquellos años en los que con sentencias se subían los sueldos, un grupo de jueces demostró que la justicia siempre llega... pero sólo para ellos.

Claves del controvertido caso
El hecho que lo destituyó
El 8 de agosto de 2005, el fiscal Alberto Camargo allanó la Legislatura una semana después de que en el Senado se votara la modificación del artículo 151 de la Constitución provincial, que puso fin a la indexación salarial de los jueces. Supuestamente, Camargo buscaba documentación sobre irregularidades en esa votación. A raíz de ese acto, meses después, el Jury de Enjuiciamiento lo destituyó.

Un reclamo millonario
Esta última semana, un tribunal de conjueces declaró nulo el procedimiento llevado a cabo por el Jury y ordenó que Camargo sea restituido. El ex fiscal podría reclamar al Estado los sueldos no percibidos durante los últimos cinco años. La cifra es millonaria: se calcula que Camargo podría iniciar un reclamo de alrededor de $15.000 por mes durante los cinco años que estuvo destituido.

La fuerte reacción
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, salió rápidamente a cuestionar el fallo y alertó sobre el grave riesgo institucional que generaría en la provincia que Camargo sea restituido en caso de que prospere el fallo de los conjueces. Jaque se tomó su tiempo, pero siguió el pedido del supremo: anunció que apelará ante la Corte nacional.

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