La provincia
Miércoles 30 de Diciembre de 2015

El jefe de los fiscales no ahorró argumentos y acusó a la Corte de incurrir en “gravedad institucional"

Rodolfo González irá a la Corte de la Nación para que revisen la medida que regula las detenciones a favor de los presos en Mendoza. 

Por Alejandro Gamero
gamero.alejandro@diariouno.net.ar
Arde la Corte mendocina, en lo que ya se nota una evidente confrontación entre el Ministerio Público, que comanda la investigación del delito desde las fiscalías, y parte del máximo tribunal de Justicia. El procurador general y fiscal de la Suprema Corte, Rodolfo González, presentó un recurso extraordinario para voltear en la Corte Suprema de la Nación, el polémico fallo que regula las detenciones y prisiones preventivas en Mendoza, firmado en plenario por los jueces Omar Palermo, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde.  
En los argumentos del escrito, el procurador certificó la hipótesis del gobierno de Alfredo Cornejo al afirmar que el plazo fatal de 10 días, impuesto por la Corte para dictaminar la prisión preventiva “permitirá la segura la liberación indiscriminada de sospechados por delitos graves”.
El jefe de todos los fiscales pidió formalmente a la Corte mendocina que le abra el camino para que al cuestionado fallo lo revise la Corte de la Nación y además, le solicitó que suspenda las medidas ordenadas.
Se trata de una sentencia de la Corte en la que hizo lugar a un hábeas corpus en favor de 874 presos mendocinos, impulsada por la ONG de derechos humanos Xumek en la que ordenó que se regularice en cuatro meses la situación de todos los reos que están en la cárcel, sin el control de un juez de Garantías. 
Además, impuso 48 horas a fiscales y jueces para ratificar o rectificar cada detención y prohibió que se realice de ahora en más, y resolvió que no habrá prórrogas para los 10 días hábiles que tienen los fiscales para dictar la prisión preventiva. 
Ante todo esto, el procurador Rodolfo González jugó su carta, cuestionando con dureza el fallo. 
Se sabe que le molestó que no se le haya corrido vista (no haya sido consultada su opinión en el expediente) sobre un tema en el que él es uno de los principales afectados, como máximo responsable de las fiscalías.
Con munición gruesa
Rodolfo González no ahorró argumentos y acusó a la Corte en el escrito de incurrir en “gravedad institucional al violar la forma republicana, haberse excedido en su jurisdicción usurpando la función legislativa, e imponer una política criminal que le está vedada desde lo jurisdiccional (facultad del Ministerio Público que él encabeza)”.
Sin rodeos, fue al corazón de la polémica y advirtió de que “la reunión de elementos de convicción suficiente (para dictar la prisión preventiva) no puede lograrse de ninguna manera en el plazo de 10 días”.
Además, González le reprochó a la Corte que el plazo es ordenatorio, es decir que es prorrogable y no fatal o perentorio, como lo consideraron los supremos, lo que obliga a los fiscales a dictaminar en 10 días hábiles la prisión preventiva. 
Las chances de que el recurso extraordinario sea admitido por la Suprema Corte local están por verse. 
Los supremos tienen que evaluar si están cumplidos los requisitos formales para que el fallo sea revisado por la Corte de la Nación a pedido del procurador.
Al respecto González tendría dos obstáculos: el primero, que nunca fue parte en el expediente del fallo, lo que haría caer su planteo, y el segundo, aportado por Diego Lavado, de la ONG Xumek, que “González no tiene legitimación porque la ley dice que el hábeas corpus es apelable sólo cuando es rechazado a quien lo presenta”.
Si esto ocurre, a González le quedará el recurso de queja. De ser necesario, lo usará y llevará el caso a la Corte de la Nación.

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