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Miércoles 07 de Septiembre de 2011

El juez Otilio Romano no se presentó a comparecen ante su par Walter Bento

Está acusado de participar de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. El magistrado lo había citado hasta el mediodía de este miércoles, pero faltó. Se tomará hasta este jueves para resolver su situación.

El suspendido juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Otilio Roque Romano, no se presentó ante su par de instrucción Walter Bento, quien lo había citado hasta el mediodía de este miércoles, luego de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendiera de sus funciones por estar sospechado de haber participado en más de 100 delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

Romano tenía tiempo para presentarse ante Bento hasta las 13 de este miércoles, pero no lo hizo, y sus abogados Adolfo Moreno y Verónica Romano –su hija- tampoco expresaron cuál es la situación del juez suspendido.

A pesar de esta falta de Romano, el juez Bento dejará pasar este miércoles y en la mañana del jueves decidirá qué hacer con la situación del camarista si sigue sin aparecer.

Otilio Romano fue suspendido de sus funciones el 25 de agosto por Comisión de Acusación luego de haber declarado como sospechosos de haber participado en al menos 103 causas de lesa humanidad.

Antes de la suspensión el magistrado viajó a Chile como juez en sus funciones y no regresó, por lo que para la justicia no se lo considera como prófugo.

De todas formas, desde la su suspensión el juez de Apelaciones no podrá ejercer como tal ni podrá asistir a la Cámara Federal.

Romano es investigado y acusado por haber tenido conocimiento de torturas, haber aceptado como prueba judicial confesiones bajo tormentos de los detenidos, no haber investigado violaciones de los Derechos Humanos en las mazmorras del D2 y promover el rechazo de recursos de hábeas corpus con los que los familiares de desaparecidos intentaban dar con sus seres queridos, quienes en realidad estaban detenidos en dependencias policiales de la provincia y luego era judicializados en los tribunales federales.

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