Política
Jueves 21 de Enero de 2016

El procurador ganó la primera pulseada y el fallo "sacapresos" será revisado por la Corte Nacional

El hábeas corpus presentado por la ONG Xumex que acortó los plazos para las prisiones preventivas será resuelto finalmente por el máximo tribunal de Justicia nacional.

Tras unos días de deliberación, finalmente el procurador general Rodolfo González ganó la primera pulseada y el fallo que limitaba los plazos para las prisiones preventivas y ponía en jaque al Ministerio Público será revisado por la Corte nacional.

Ante el fallo de la Corte provincial que admitió el hábeas corpus presentado por la ONG Xumex, el representante del Ministerio Público presentó un recurso extraordinario federal para que el expediente tenga su resolución final en el máximo tribunal de Justicia del país.

Entre otros argumentos, Rodolfo González dijo que la sentencia atenta contra "la buena marcha de las instituciones" y que "mutila" el Código Procesal Penal, ya que crea plazos que actualmente no existen. En este último punto detalló que en diez días de investigación no se pueden reunir las pruebas para demostrar convicción en la acusación de un sospechoso, tal como limitó el planteo de Xumex.

El procurador aseguró que la consecuencia de tal medida será la "liberación indiscriminada de sospechados de delitos graves, de cuya misma imputación se sigue la peligrosidad procesal".

El recurso fue respondido por la ONG presidida por el abogado Lucas Lecour. En primer lugar aseguró que solamente se pueden apelar las resoluciones de hábeas corpus cuando sean rechazadas, por lo cual este no es el caso. Además consideró que "el presente no es un caso de agravamiento de las condiciones de detención sino de una detención inicialmente legítima que por el transcurso del tiempo se vuelve contraria a derecho".

Pese a haber fallado a favor del hábeas corpus de Xumex, en esta ocasión la Corte provincial admitió el recurso presentado por el procurador y ahora será su par nacional quien decida el fondo de la cuestión.

Los jueces Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro, Julio Gómez, Omar Palermo, Jorge Nanclares, Norma Llatser y Eduardo Martearena tuvieron en cuenta la "trascendencia y repercusión pública" que tuvo la medida en cuestión y que fue "atacada por parte de las máximas autoridades de los poderes públicos de la Provincia", en referencia a la catarata de críticas que recibió por parte de funcionarios del Ejecutivo.

Esto puso en manifiesto el "interés institucional" que tiene el hábeas corpus y que pone "en juego la vigencia del sistema republicano y la consecuente división de poderes que implica".

Las actuaciones fueron remitidas en carácter de urgencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien definirá en los próximos días un recurso que podría cambiar la realidad judicial de la provincia.

Vísperas de Navidad

"Es un fallo sacapresos", "van a liberar a 800 reclusos" y "es imposible de aplicar materialmente" fueron algunas de las frases que se escucharon durante la jornada del 24 de diciembre, día en que salió la resolución donde la Suprema Corte –sin todos sus integrantes- accedió al hábeas corpus que presentó Xumex.

Palabras más palabras menos, el resolutivo ordenaba al Ministerio Público a regularizar la situación de las personas que están detenidas sin control jurisdiccional, es decir, sin la revisión del expediente por parte de un juez de Garantías. Esto sería en un plazo de 60 días para las personas que estén tras las rejas mientras se investiga el hecho por parte de un fiscal.

En tanto que para los nuevos aprehendidos, el fallo ordenó que todos los expedientes deben ser revisados por un juez en un plazo máximo de 24 horas a partir de la detención, algo que para los funcionarios del Ejecutivo y los fiscales de la provincia es imposible de aplicar. En caso afirmativo, el investigador tendrá 10 días para solicitar la prisión preventiva.

A su vez, el fallo sugería a los jueces de Garantías que la prisión preventiva en una etapa de instrucción debía ser la minoría de los casos y algo para aplicar en última instancia, ya que el 50 por ciento de los presos en el sistema pentenciario no tienen condena efectiva.
Fuente: Diario UNO de Mendoza

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