Lo legal no siempre es legítimo

Carlos Hernández
Columnista de UNO

El escandaloso incremento de los sueldos de los diputados y senadores nacionales sigue generando escozor y no sólo por el monto, el porcentaje desproporcionado, la oportunidad y el contexto socioeconómico. El malestar en la población se incrementa por las actitudes que adoptaron muchos legisladores una vez que el tema cobró notoriedad pública.

Hubo quienes se excusaron con el argumento de que no sabían del incremento. Pretenden pasar por pobres incautos, que no se enteran de las decisiones parlamentarias, pese a que el tema fue tratado en diciembre entre los jefes de bloque por iniciativa de los presidentes de las Cámaras, Amado Boudou y Julián Domínguez.

Lo raro es que muchos no advirtieran, hasta que el salariazo salió a la luz, que en enero habían cobrado el doble. “Me estoy enterando por la prensa”, arguyeron con tono de ingenuidad. Se trata de un monto mensual equivalente al salario mínimo de un año de un docente que trabajosamente se está negociando en paritarias.

Se ha escuchado de todo en estos días de boca de los representantes: “Se trata de una jerarquización”, “es un sinceramiento”, “había que categorizar”, “pregunten cuánto ganan los ministros”, “basta de hipocresía”, “era importante transparentar”, “sabemos que el tema es irritante”, “es caro vivir lejos de la casa de uno”, “se busca subsanar el retraso salarial”, “es una conquista como la de cualquier trabajador”, “no estoy de acuerdo”, “sí estoy de acuerdo” “debe volverse atrás”, “voy a donar el aumento”, “no se trata de devolver la plata”, “están haciendo un show mediático”. Y seguiremos escuchando cacareos, mientras el tiempo pasa y siguen cobrando con más del 100 por ciento de incremento, según cómo se saquen las cuentas sobre los diferentes ítems que componen el bono de sueldo.

A confesión de parte…
Una de las declaraciones más llamativas es la del propio Julián Domínguez que, es de suponer, difícilmente se haya animado a tamaña decisión sin la venia de Cristina.

El presidente de la Cámara de Diputados se despachó con conceptos como los siguientes: “…si no (aumentamos), tenemos que dejar la política para que la hagan los ricos y los ladrones…”, “…lo que nos tiene que caer mal son los sobresueldos y los sobornos, y no las cosas transparentes…”, “…la política no puede ser cosa de ricos, solamente de quienes reciben plata de los grupos concentrados…”, “…cabar con el modelo de la Banelco y de los lobbies haciendo operaciones en las Cámaras…”
Parece que habría que agradecerle a Domínguez porque por haber doblado las dietas termina con la delincuencia en el Congreso. Es más, da a entender que con lo que hoy perciben los legisladores hay garantías de que serán transparentes y que no responderán a intereses poderosos. Con semejante defensa, más de un parlamentario habrá de sentirse ofendido. Junto a mediocres y sinvergüenzas, vale remarcarlo, hay una mayoría de legisladores valiosos, comprometidos, que se destacan por su capacidad intelectual, desempeño y honestidad, y que no deberían quedar salpicados por este tipo de improperios. Aunque no estaría de más un gesto real de desaprobación del salariazo que se ha otorgado bajo la excusa de perseguir una noble causa.

Agrega Domínguez: “…No es ni más ni menos que cumplir con el propósito de legitimar el trabajo que se hace en el Congreso…”, “…Se montó un show mediático con un profundo desprecio por la institucionalidad…”
El sistema representativo supone que la voluntad popular es encarnada por el Poder Ejecutivo y los legisladores que fueron elegidos en votaciones libres. La legitimidad de origen que ostentan los gobernantes y parlamentarios no implica un cheque en blanco ni una licencia para actuar de acuerdo con su propia conveniencia desafiando las expectativas del votante –el representado–, en quien reside la verdadera soberanía. La genuina jerarquización del Congreso no se logra mediante una resolución insólita, sino con la confianza que debe ganarse de parte de los representados, que se alcanza con el cumplimiento del contrato electoral. La legitimación de gestión se afianza con las realizaciones concretas que demuestran mejoras para el país y la población.

En cambio, aumenta la distancia entre los representantes y el pueblo cada vez que se da a entender que están centrados en sus intereses, y las cosas de bolsillo son logros personales. Es la brecha entre lo que ellos creen merecer o quieren ganar y lo que los ciudadanos consideran razonable.

Escaso vuelo…
Domínguez habla de transparencia. El tema de los pasajes se ha convertido en un enmascaramiento de mayores ingresos. Muchos lo justifican con el argumento de que deben viajar a sus provincias y a diversas ciudades para reunirse con la gente que tiene necesidades, etc. Es lo lógico, pero el excedente habría que devolverlo y no canjearlo. Hay colaboradores y asesores que no se mueven de su casa, por lo cual son muchos los pasajes sobrantes que se transforman en dinero “en negro” para el legislador. Otra distorsión.

Justicia…, justicia…
El juez Rafael Escot y otro grupito de magistrados y funcionarios quedaron aislados en sus pretensiones. Hasta la Asociación de Magistrados rechazó su planteo de prescindir del aporte previsto por la ley de discapacidad .

Encima Escot recibió por radio una lección jurídica y de solidaridad de parte del ministro de la Corte, Mario Adaro. El artículo 151 de la Constitución enmendado con aval popular dice en uno de sus párrafos: “…En ningún caso esta garantía de intangibilidad comprenderá la actualización monetaria de sus remuneraciones mediante índices de precios y/o cualquier otro mecanismo de ajuste, ni la exención de los aportes que con fines de previsión u obra social se establezcan con carácter general”.

Ya quedaron en el recuerdo los manotazos de los jueces a los fondos del Estado cuando interpretaban que la intangibilidad les daba el privilegio de actualizarse los haberes con el ritmo inflacionario. La inflación es para todos y el aporte solidario tiene carácter general. Ley pareja no es rigurosa.

Ley de sueldos
El gobernador Francisco Pérez ha instalado que es necesario discutir una ley de sueldos general para la provincia. Aunque tuvo que contradecir a su vice, Carlos Ciurca, insistió en que el asunto ya está en la agenda del Gobierno.

Pese al enojo generalizado que despertó el incremento sin debate en el Congreso nacional, sería propicio no dilatar en el tiempo la sanción de una norma que le ponga racionalidad a la escala salarial de todo el Estado. Ponderar la función pública con la lógica de la jerarquía, la responsabilidad y la especialización sería un paso adelante en la modernización de las instituciones.

La provincia está necesitando que se dejen de lado las suspicacias y especulaciones para evitar atrasos salariales absurdos en cargos claves, como es el de gobernador, o enojos populares por incrementos sin consenso y, en ocasiones, encubiertos.

Encarar el tema con altura ofrecería una oportunidad para legislar con inteligencia. La razonabilidad en los sueldos lo dará la norma, la legitimidad de representación sólo se logra con una respuesta acorde a las expectativas del ciudadano.