Política
Miércoles 26 de Agosto de 2015

Funcionarios provinciales deben devolver casi $3 millones al Estado

Fue tras haberse comprobado una serie de irregularidades al presentar documentación falsa para rendir cuenta de una serie de gastos.

El Tribunal de Cuentas resolvió que cinco funcionarios de la Dirección de Ganadería deberán pagar alrededor de $3 millones tras haber comprobado una serie de irregularidades al presentar documentación falsa para rendir cuenta de una serie de gastos.
La ex jefa del Departamento Contable Graciela Segura y el ex jefe de Habilitaciones Rodolfo Narváez son los funcionarios más comprometidos y quienes deberán pagar $1.382.170 y $1.329.152  respectivamente, según el fallo 16.411.
Asimismo, el tribunal consideró que también tienen responsabilidades, pero en menor medida, el ex director de Ganadería Lisandro Di Paolo, quien deberá pagar $3.000; el actual titular, Juan Manuel Tejada, multado con  $ 20.000, y el subdirector Nemesio López, también sancionado con $ 20.000 .
Además, el órgano de control abrió un expediente aparte para analizar qué sucedió con un subsidio derivado de Ganadería a la  Cámara de Comercio de General Alvear, por otros $600 mil, en el año 2013.
El fallo es el corolario de una investigación iniciada por Javier Fernández cuando era subrogante en la Fiscalía de Estado, en febrero último, cuando el proceder de los funcionarios implicados estaba más que claro. Pero esta es una pequeña parte de una investigación mayor, que implica el desvío de fondos por $15 millones, con relación al funcionamiento de Coprosamen.
Esa denuncia fue realizada el año pasado en la Unidad Fiscal Nº1 de Capital, contra los Consejos de la Administración de la Fundación de esa entidad en los períodos 2010, 2011, 2012 y 2013.
La denuncia hacía foco en una cantidad de irregularidades como la  inexistencia de un inventario actualizado de los bienes, proveedores inexistentes, el desmanejo de las cuentas bancarias, utilizando para el movimiento diario cuentas no oficiales, la compra de equipos en desuso por el valor de equipos nuevos, así como la entrega de tractores nuevos sin el correspondiente contrato de comodato ni firma por parte de los presuntos beneficiados
También  aportó a la denuncia una auditoría efectuada por el Iscamén que evidencia la incorrecta aplicación de fondos de convenios 2011 por un monto de $1.389.512. Deudas en ATM y una larga lista de procedimientos por fuera de la ley, los  cuales aún están en investigación.
Fuente: UNO Mendoza

Comentarios