Política
Domingo 06 de Diciembre de 2015

Hay 30.064 cargos más en el Estado que hace 8 años

Celso Jaque asumió con 74.606 empleados en 2007. En octubre de este año esa planta llegó a 104.670, según datos del Tribunal de Cuentas. El aumento promedio es de 3.750 empleados por año

Por Rosana Villegas
villegas.rosana@diariouno.net.ar

En la historia reciente de la provincia hubo incontables promesas de reformas del Estado de varios gobernadores, leyes para que se accediera por concurso a los cargos públicos y juramentos de que se congelaría el ingreso a la planta estatal. Nada de eso se concretó. Sí se repitió esa mala costumbre de pagar favores de campaña con la incorporación al Gobierno. Tanto es así, que Tesorería les pagó el sueldo a 104.670 empleados, es decir 30.064 más (el 40%) que los que se pagaban en 2007, según números del Tribunal de Cuentas hasta octubre.
“Hace 8 años, cuando (Julio) Cobos le entregó la gobernación a (Celso) Jaque, la Contaduría les pagó el sueldo a 74.000 empleados públicos. El doctor (Francisco) Pérez me va a entregar a mí el gobierno y la Tesorería les va a estar pagando el sueldo a 104.000 empleados del Estado provincial: es una cifra alarmante y que no tiene explicación de ningún tipo. La mayoría de esos empleados no han ido a las funciones sustanciales del Estado, sino que han ido a las áreas administrativas. No han sido más médicos, más maestras frente al grado ni más enfermeros”, puntualizó el gobernador electo Alfredo Cornejo ante un silencioso auditorio de empresarios reunidos en la cena anual de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza.
Seguramente este descontrolado ingreso al Estado, que supuso un ingreso anual promedio de 3.750 empleados, no es el único causante de la asfixiante situación financiera de la Provincia, pero igualmente colaboró ya que en la actualidad el 57% del Presupuesto provincial se destina a pagar esos sueldos.
“Hay que analizar el aumento de los empleados públicos en el contexto de cómo se comportaba la economía en esos años. Durante la gestión de Julio Cobos, la planta también creció pero en esos años la economía se recuperaba y crecía y ese aumento de personal no incidía en las arcas del Estado. El tema es que en los últimos años la economía se estancó o decreció y el Estado siguió incrementando su planta de personal. Eso se explica por la necesidad de bajar el nivel de desempleo, es como que se toma al Estado como un “seguro de desempleo”, pero en vez de pagarlo hasta que esa persona consiga un puesto es un seguro a perpetuidad”, explicó un economista del equipo técnico del próximo gobierno.
La ley y la trampa
Uno de los caballitos de batalla del gobierno de Francisco Pérez fue precisamente que iba a congelar el ingreso al Estado. Eso se tradujo en la Ley de Presupuesto 2014, que impedía al Estado incorporar personal en su planta permanente, aunque establecía excepciones: salvo cuando las mismas tengan carácter de prestación directa y efectiva de servicios de seguridad, justicia, salud y educación. “Asimismo el número de cargos se incrementará con los cargos que se creen por los pases a planta dispuestos por acuerdos paritarios y que se efectivicen durante el ejercicio 2014 más los cargos que autoriza la presente ley y con los destinos que la misma prevé”, establece el artículo 8, abriendo la posibilidad de nuevos ingresos.
La posibilidad de que existan esas excepciones tal vez explique por qué precisamente esas áreas exceptuadas fueron las que más crecieron en los últimos años.
Si se analizan detalladamente las áreas que registraron la mayor cantidad de ingresos de nuevos empleados, salta a la vista que los organismos descentralizados (entre ellos se incluye a la mayoría de los hospitales, a la Dirección Provincial de Vialidad y al Ente Provincial de Agua y de Saneamiento) y la Dirección General de Escuelas concentran la mayor proporción de personal. Esos organismos descentralizados nuclean hoy a 77.624 empleados, 23.229 más que los que tenían hace 8 años, con un aumento del 43%.
En tanto, la dirección que hoy lidera María Inés Abrile de Vollmer y que heredará Jaime Correas registra a 67.537 personas en su área, mientras que en el 2007 tenía sólo 46.045, el 47% más.
También el Ministerio de Salud creció exponencialmente, ya que pasó de tener 3.168 empleados en el 2007 a contabilizar 5.031 en octubre de este año, lo que supone que creció el 59%.
En porcentaje de crecimiento, el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno fue el que lideró el ranking ministerial: de 1.782 empleados hace 8 años llegó a 3.331, registrando un aumento del 87%.
“Al haber excepciones, la metodología que más se ha usado es nombrar a determinada cantidad de personal en el área de Educación, Seguridad o Justicia, como puede ser en la Penitenciaría, en donde no cumplen ni un día y les sale una adscripción a otro ministerio como puede ser el de Gobierno. Hemos detectado el caso de 70 abogados que ingresaron como penitenciarios y se desempeñan en la Subsecretaría de Trabajo. Eso es violar la ley, porque ésta claramente indica que los nombramientos en esa área deben ser de prestación directa y efectiva”, apunta Ricardo Canet, un abogado cercano al futuro gobernador que con un grupo de colegas investiga un cúmulo de designaciones que consideran irregulares.
Desde el entorno del próximo gobernador aseguran que una muestra más de que las incorporaciones no han sido en cargos de profesionales como médicos o maestros que presten servicios directamente a la comunidad está en la calidad de las actuales prestaciones. “De otra manera no se explica que hayan crecido esas plantas estatales y haya centros de salud que carecen de médicos o enfermeros”, explican.
El fin de las adscripciones
  Como una forma de normalizar la actual situación de la planta de empleados, desde la futura gestión adelantaron que una medida por aplicar será poner fin a las adscripciones. “Quien esté nombrado en la Penitenciaría y tenga un sueldo acorde a ese nombramiento que supone un alto riesgo aunque esté prestando servicios en la Subsecretaría de Trabajo, deberá volver a la Penitenciaría, esa es la primera medida para corroborar los nombramientos, porque además hay casos de gente que fue suscripta a otra área del Estado y nunca cumplió  ni un día en ese trabajo”, apuntaron.
También pondrán la lupa en las designaciones de personas que nunca integraron el Estado e ingresaron con una clase 13 –supone un sueldo que ronda los $17.000 o $18.000– y en el mismo decreto en el que fueron nombrados recibieron también el beneficio del 80% de mayor dedicación que terminó duplicándoles sus haberes.

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