Política
Viernes 30 de Diciembre de 2016

Imputaron a Macri y a Michetti por un acuerdo con Qatar

La fiscal Ochoa solicitó al magistrado que dicte una medida cautelar para que "no se de comienzo o se interrumpa" la puesta en marcha del memorándum mientras se realiza la investigación.

El presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti fueron imputados hoy por la firma de un memorando con Qatar, que incluiría cláusulas presuntemente ilegales.

La denuncia había sido presentada por Fernando Míguez, integrante la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, con intervención de la fiscal federal Paloma Ochoa, quien se pronunció a favor de abrir formalmente una investigación y solicitó las primeras medidas de prueba.

Pero, además, la fiscal Ochoa solicitó al magistrado que dicte una medida cautelar para que "no se de comienzo o se interrumpa" la puesta en marcha del memorándum mientras se realiza la investigación.

Además de Macri, la denuncia alcanza a Michetti, quien firmó el memorándum en Qatar, así como al asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Luis María Blaquier; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Amaya Ortíz; la embajadora argentina en Doha, Cecilia Rossana Surballe; y la canciller Susana Malcorra.

También al extenista Gastón "Gato" Gaudio, amigo del emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, quien habría realizado gestiones entre ambas partes.

Argentina y Qatar firmaron el 6 de noviembre pasado un memorándum comercial que tendría cláusulas de confidencialidad: se trata de un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses por 1.300 millones de dólares.

El objetivo del memorándum era que el gobierno del país asiático realizara importantes inversiones a nivel local, pero suscitó la polémica porque el acuerdo incluye la creación de una estructura "offshore" y la participación de un "gerente extranjero" que tendría poder sobre la administración de los fondos.

Para el denunciante, en principio se habrían cometido los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público a partir de la firma del acuerdo.

"Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma offshore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de Sustentabilidad (FGS) hacia un paraíso fiscal", dictaminó Ochoa en su pronunciamiento, que deberá ahora resolver el juez Rafecas.

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