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Domingo 25 de Septiembre de 2011

Incorporaron más denuncias contra Sergio Shoklender por la construcción de viviendas en Salta

El juez Norberto Oyarbide recibió documentación sobre un caso que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que se originó en Tartagal por malversación de fondos públicos para reconstruir un barrio arrasado tras el alud en 2009.

El juez federal Norberto Oyarbide recibió una nueva denuncia contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender por fondos públicos que recibió la  municipalidad de Tartagal en Salta para la reconstrucción de un  barrio arrasado tras el alud en 2009.

El juez, además, rechazó a fines de la semana pasada el planteo de nulidad que presentó Schoklender para correr de su rol de querellante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo al abogado Eduardo Fachal, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Oyarbide recibió la documentación sobre una nueva denuncia que se originó en Salta, luego de que el juez federal de Orán,  Raúl Juan Reynoso, le remitiera por conexidad una investigación en la que también fue acusado el intendente de Tartagal, Sergio  Napoleón Leavy, por presunta malversación de fondos públicos.

La denuncia en Salta la hizo el abogado Sergio Alejandro  Heredia, a raíz de la firma de un contrato entre las Madres de  Plaza de Mayo y el Municipio de Tartagal el 17 de febrero de 2009  para la construcción de un centro de salud y más de 300 viviendas  en la zona.

Las viviendas iban a estar destinadas a los afectados por el  alud que tuvo lugar en Tartagal el 9 de febrero de 2009, y que  provocó la muerte de dos personas.

Según la denuncia de Heredia, de ese contrato sólo se cumplió  con la construcción del hospital pero no con las 360 viviendas.

Además, denunció que la Fundación que dirige Hebe de  Bonafini tampoco cumplió con el pago de 10 hectáreas para  construir allí las viviendas, y por las que se habían comprometido  a pagar un monto de 500.000 mil pesos.

De ese dinero, según la denuncia, Schoklender sólo pago algo  más de 150 mil pesos en efectivo al momento de firmar el boleto de  compra y venta de esas tierras.

Luego de recibir la denuncia, el juez Reynoso corrió vista al  fiscal federal de Orán Luis Bruno, quien dictaminó que la causa  debía pasar a manos de Oyarbide, a raíz de que los hechos y los  eventuales imputados podrían ser los mismos.

Tras recibir el dictamen Reynoso se declaró incompetente y  remitió abundante documentación, entre ellos informes entregados  por el Municipio de Tartagal, a su par Oyarbide, quien ahora debe  resolver si acepta o no sumarlos a la investigación que lleva  adelante desde hace más de tres meses.

Mientras tanto, Oyarbide descartó el planteo que hizo Schoklender al querer correr a Fachal como abogado querellante en representación de las Madres, al considerar que es incompatible puesto que es al mismo es titular del área de Control Comunal de  la Defensoría del Pueblo porteña.

Oyarbide siguió el criterio del fiscal federal Jorge Di Lello  para quien en "el ejercicio de su profesión en el marco del poder  otorgado por la Fundación" no conlleva "actos relacionados con su  competencia funcional en la Defensoría ni ha obtenido dicha  designación beneficiándose a partir del cargo que reviste en el  órgano autónomo".

Por ese mismo hecho Schoklender denunció por incumplimiento de  los deberes de funcionario público a Fachal, causa que tiene a su  cargo la jueza federal María Servini de Cubría.

Mientras tanto, el expediente principal sigue por ahora bajo  secreto de sumario, situación en la que está casi desde su inicio por decisión de Oyarbide, y Schoklender asiste habitualmente a los tribunales de Comodoro Py luego de optar por ser su abogado.

En los últimos días, el ex apoderado de las Madres se presentó  para pedir la nulidad de una pericia caligráfica realizada por  Gendarmería, y la cual determinó que es apócrifa una firma de Hebe de Bonafini que consta en el principal contrato entre la Fundación y la constructora Meldorek S.A por la construcción de viviendassociales.

Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender son investigados por el manejo irregular de fondos cuando eran apoderados de la Fundación, y de quienes se sospecha que le dieron otro destino a los fondos públicos que originalmente tenían como destino la construcción de viviendas sociales en varios puntos del país.

Fuente: NA

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