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Jueves 17 de Marzo de 2016

La Corte Suprema de Brasil habilitó el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff

La decisión ocurre en medio de las protestas callejeras por la divulgación de un audio en el que se escucha a la presidenta y a Lula da Silva referirse a los fueros del ex mandatario.

La Corte Suprema de Justicia de Brasil autorizó a la Cámara de Diputados a continuar con el trámite de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. De todos modos, un Senado con mayoría oficialista es el que tiene la última palabra en el impeachment.

En diciembre, la Corte había anulado la comisión investigadora, elegida por voto secreto, que contaba con mayoría opositora. También dispuso reiniciar el proceso en una votación abierta. De este modo, el Tribunal Supremo desestimó los recursos presentados por el titular de la Cámara baja, Eduardo Cunha, y dejó firme las nuevas reglas.

Finalmente, la Corte votó por nueve votos contra dos a favor de la continuación del proceso de impeachment contra Rousseff.

La decisión ocurre en medio de las masivas protestas callejeras que se produjeron de manera espontánea por la divulgación de un audio donde se escucha a la presidenta y a su antecesor, Luis Inácio Lula da Silva.

El juez federal Sérgio Moro autorizó la divulgación del audio en el que se escucha a Dilma afirmar: “Te estoy enviando (...) un papel para que lo tengas y lo uses solo en caso de necesidad, es el «término de posesión»”, le dice Rousseff al ex mandatario en la conversación interceptada.

El “término de posesión” es el documento que oficializa la designación de una persona para un cargo público, en este caso, hace oficial la nominación de Lula como ministro jefe del Gabinete Civil de la Presidencia.

Con ese documento en su haber, Lula estaría ya protegido por los fueros propios de un ministro de Estado, por lo cual su arresto solo puede ser autorizado por el Supremo Tribunal Federal, que es la más alta corte del país.

El ex presidente está denunciado penalmente por la Fiscalía del Estado de Sao Paulo por los delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero, vinculados a un inmueble que habría recibido como pago por “favores” hechos a una constructora vinculada a los fraudes en Petrobras.

Los fiscales de San Pablo solicitaron además la prisión preventiva del ex presidente.

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