San Rafael
Domingo 15 de Noviembre de 2015

La escasez de fondos pone en jaque a la Justicia sureña

Otra vez se solicitó la puesta en marcha de los juzgados de Flagrancia en el Sur, pero el Poder Judicial está estancado por la falta de recursos económicos. En el Senado está olvidada la ley que crea los juzgados.    

No hacen falta grandes y llamativas marchas para que los reclamos por mayor seguridad estén en boca de todos y cada vez que eso ocurre vuelve a resurgir una promesa formulada el año pasado y que por ahora está flotando en el aire, la creación de los juzgados de Flagrancias en el Sur mendocino.
Recientemente Walther Marcolini, intendente electo de General Alvear, volvió a retomar el tema y pidió por la creación del fuero de Flagrancia que permitiría procesar, juzgar y dictar sentencia a días de haberse producido un hecho delictivo en donde el sospechoso es sorprendido en el acto.
Sin embargo la petición choca con una realidad que duele, la falta de recursos presupuestarios para el funcionamiento del Estado, en sus distintos ámbitos.   
“El juzgado de Flagrancia es indispensable y la única manera de tener una sanción rápida para cortar con la cadena delictiva en los hechos de menor envergadura. Un juzgado trabajando a full podría estar dictando sentencia en unos seis días”, comenzó diciendo Raúl Vicci, coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial.
Pero el funcionario de la Corte también se sinceró y lanzó la frase que hoy está en boga en Mendoza y explica el parate en la toma de decisiones: “Hoy todo es cuestión de plata”.
En los últimos tres años el presupuesto del Poder Judicial en la provincia no varió un ápice, lo que derivó en que no haya apertura de juzgados ni se instituyan cargos nuevos para acompañar la demanda de justicia que parte desde la comunidad.
Actualmente sólo ingresa personal (7.000 aspirantes rindieron los exámenes en todo el territorio provincial) cuando se produce una vacante.   
Esta situación derivó en que desde 2012 a la fecha el Poder Judicial mendocino creciera apenas el 0,03%.
“Tenemos un presupuesto acotado para el funcionamiento, los cargos que se cubren son sólo las urgencias e incluso hay leyes que no se pueden poner en práctica porque no están las partidas presupuestarias para hacerlo”, admitió Vicci.
En deuda
Entre las deudas del Estado con la administración de justicia, el Poder Legislativo también está en falta. Más allá de la falta de recursos de la Suprema Corte, hay un paso previo indispensable para la creación de los juzgados de Flagrancia: los legisladores deben sancionar una ley.
En 2014 cuando los ánimos estaban crispados por los hechos delictivos en todo el Sur mendocino, Diputados actuó con rapidez y dio media sanción a una ley que le otorgó a  la Suprema Corte de Justicia las facultades necesarias para implementar los sistemas de flagrancia en la Segunda Circunscripción Judicial. 
Esa medida implicaría adaptar una de las disposiciones que están dentro del nuevo Código Procesal Penal que se aplica en el Gran Mendoza, pero que en el Sur no tiene vigencia. Por eso en la redacción de la norma está incluida la frase “con carácter experimental”.
Para dejar las rispideces de lado, se acumularon dos proyectos, uno del bloque justicialista y otro radical. Así el consenso logrado en la cámara baja se podía replicar en el Senado.
Desde octubre del año pasado la norma  está varada en la cámara alta y por el momento no hay señales de que alguien la vaya a sacar del cajón de los recuerdos.
En pocos días  se podría dictar una sentencia
Dentro del ámbito judicial del Sur mendocino, no todos están convencidos de las respuestas que se podrían brindar a través de los juzgados de Flagrancia. En especial hay descreimiento sobre la rapidez con que se podrían empezar y concluir las causas. El ejemplo que se emplea con asiduidad es que en Mendoza no dieron resultado porque hay demoras de meses desde que se inicia el proceso hasta el dictado de la sentencia y las causas se van acumulando. 
“Pueden faltar juzgados o cuestiones excepcionales (falta de magistrados) que demoren los procesos pero funcionado a full podrían dictar sentencias en pocos días”, insistió Raúl Vicci, coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial.
El sistema “permite acortar tiempos y evitar que se desaparezcan pruebas o los testigos se olviden de lo que pasó. En lugares con menor población como puede ser General Alvear, sería una solución a muchos casos”, concluyó Vicci.    
Por Gonzalo Villatoro

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