La provincia
Domingo 16 de Agosto de 2015

La nueva ley de perros peligrosos divide opiniones en Mendoza

El proyecto que elaboró el Gobierno plantea que los municipios se encarguen de aplicar la norma, elimina el listado de razas agresivas y establece la creación de refugios para canes. Fija multas divididas según sean faltas gravísimas, graves o leves.

Por Julián Vinacour
vinacour.julian@diariouno.net.ar
La ley Nº7.633 que debiera regular la tenencia de perros peligrosos nunca fue instrumentada. El Gobierno de Mendoza afirma que es inaplicable, entre otras cosas, porque “supone un conflicto de jurisdicción entre la Provincia y los municipios, no define con claridad cuál es la autoridad encargada de hacer cumplir la norma y abunda en letra muerta”. 
A raíz de esto es que el Ejecutivo envió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley de tenencia responsable de animales, que será tratado esta semana en Diputados. 
Entre los puntos más salientes de la nueva iniciativa figuran la derogación de la ley actual, el traspaso de la autoridad de aplicación a los municipios, la confección de un registro de perros peligrosos en base a sus características y no a su raza, y la creación de refugios para contener y albergar animales abandonados o protagonistas de ataques.
De este modo, se superaría la discusión sobre si es verdad que existen razas que son agresivas por naturaleza: el registro que cada Comuna debería escribir obedecería a las cualidades y antecedentes del can, que muchas veces es mestizo. 
Además, Mendoza garantizaría las condiciones para que cada Municipio pueda crear los refugios y se exigiría que los perros llevaran un microchip inserto en la zona subcutánea del cuello con los datos del dueño. Así, cada persona respondería por los actos de su mascota, según explican los hacedores del documento.
“Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) cada cuatro humanos hay un perro. En Mendoza, estaríamos hablando de casi medio millón de perros. Con que un tercio sea inscripto –requisito obligatorio– serían casi 10.000 perros por departamento. Con el canon que cobre cada Comuna por licencia canina se pueden generar los ingresos suficientes para aplicar toda la ley”, señaló Gustavo Pronotto, director del Colegio Veterinario de Mendoza y también titular del Zoológico.
En este escenario, la responsabilidad que le cabría a la Provincia a través del Ministerio de Salud o de alguna dependencia que lo sustituya, sería la de controlar y hacer un relevamiento de la aplicación de la ley, mientras que por un carril paralelo debería promover programas de tenencia responsable de mascotas, organizar foros o congresos sobre la materia y apoyar a los municipios si estos requieren auxilio para implementar la ley. 
Pero, como siempre pasa en temas delicados, diferentes actores salen a poner el grito en el cielo. 
“No está comprobado científicamente que haya esa cantidad de perros. De hecho, no hay un censo serio sobre la población canina. Esos datos son extrapolaciones de uno hecho en un municipio de Buenos Aires. El otro tema es qué canon se va a cobrar. Si es un perro vagabundo que fue capturado en la calle sin identificación, a quién le voy a cobrar”, refutó Lucas Sbriglio, veterinario de la municipalidad de Maipú.
La postura de la UCR
El radicalismo como bloque aún no acordó una posición sobre la nueva propuesta. 
Jorge Osvaldo Sosa, diputado por la UCR e integrante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde el martes comenzará a tratarse el proyecto, dijo: “Recién lo recibimos y hemos leído poco. Como opinión meramente personal, creo que hay que reglamentar muy bien este tema, sobre todo, porque el perro se ha tomado como un elemento contra la inseguridad y muchas veces los problemas se producen en los propios domicilios. Pero hay que leer bien el proyecto, analizarlo y recién ahí discutirlo”.
En sintonía, se pronunció Daniel Llaver, correligionario de Sosa dentro de la comisión.
Multa
Uno de los puntos más álgidos del proyecto es la sanción económica que sufrirían los propietarios de los perros que ataquen. “Ahora la responsabilidad apunta hacia el dueño y no al animal”, contó Gustavo Tobares, secretario legal y técnico de la Gobernación. 
La norma establece categorías para las infracciones en función de su gravedad. Por ejemplo, el artículo 1º especifica las faltas gravísimas: abandonar a un animal doméstico de riesgo, no poseer la licencia obligatoria o adiestrar estos animales para potenciar su capacidad de daño. El 2º habla de las graves: sacar a pasear a un animal de riesgo sin bozal o sin la correa correspondiente. El 3º define por descarte las infracciones leves. 
Sin embargo, a pesar de las ponderaciones que hace la norma, no hay detalles de los montos porque, como se explicó antes, la aplicación es competencia de cada Comuna y el número se establece en función de las propias ordenanzas.
Seguro
Otro de los puntos importantes que contiene la nueva propuesta es el de contar con un seguro que responda ante un ataque canino. Sin embargo, existen matices. 
“Antes era obligatorio un seguro de responsabilidad civil hasta para inscribirlo en el registro. Pero como a veces es difícil encontrar en el mercado un seguro que cubra estas necesidades, terminaba siendo letra muerta. Ahora, gradualmente, los municipios irán exigiendo el seguro de responsabilidad civil, pero no será un requisito previo”, explicó Gustavo Tobares. En otras palabras, antes, para registrar al perro era obligatorio el seguro y ahora no. 
Pero como cada animal estará registrado, si sus dueños no contratan un seguro, deberán asumir desde sus bolsillos los gastos que impliquen un virtual ataque.
“Creo que el ejemplo más claro es el del auto. Si lo tenés, el seguro costea los gastos y si no, lo costeás vos”, comparó Pronotto.  
En otros países
En Nueva Jersey, Estados Unidos, aquellas personas que son condenadas por maltrato animal no pueden poseer ni trabajar con mascotas en el futuro. 
En Santiago de Chile, el Estado administra un chip para mantener a las mascotas registradas en una red que permite saber quién es el dueño, cuál es su domicilio, qué vacunas tiene colocadas y si ha sido robado.
Las multas a quienes infrinjan la nueva norma, que sanciona el abandono y maltrato animal, pueden llegar a los $3.000 argentinos.
En Cali, Colombia, la alcaldía trabajó con la organización internacional WSPA y la situación mejoró radicalmente. 
 

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