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Domingo 16 de Octubre de 2011

Las reformas judiciales y las penas más duras no bajan los delitos

Así lo afirmó José Cafferata Nores, una de las máximas figuras del derecho penal argentino, en un congreso de derecho procesal en Mendoza al que asistieron personalidades de primer nivel.

Alejandro Gamero
agamero@diariouno.net.ar

Hace siete años, la urgencia de la inseguridad, disparada por los asesinatos de la maestra Claudia Oroná y el ataque a los hermanos Rasjido, que terminó con uno muerto y el otro postrado, llevó a Cobos, entonces gobernador, a acordar con la Corte provincial la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (ya estaba sancionado por ley) para combatir mejor el delito.

De golpe, los jueces de instrucción dejaron de ser los amos de la investigación para ser solamente árbitros y los fiscales, hasta ese momento intrascendentes, se convirtieron en los jefes de los detectives y perseguidores del crimen como en las series de TV. Sin embargo, la realidad sopapeó a la reforma: con el tiempo el delito no descendió.

A juzgar por un experto en derecho, lo que pasó fue lo que tenía que pasar: creer que el nuevo Código bajaría los índices de inseguridad fue un error.

Así lo expresó José Cafferata Nores, un referente ineludible de la Justicia penal, es uno de los más citados en los fundamentos de alegatos y sentencias a la hora de argumentar un fallo.
“Creer que un buen código procesal va a hacer bajar la tasa de delitos es un error, creer que un Código Penal más riguroso (con condenas más duras) va a bajar el delito es un error. Está estadísticamente comprobado que los fenómenos delictivos no están correlacionados con la gravedad de las penas”, dijo.

–Acá se vendió esa idea todo el tiempo.
–No puede ser así. El tema de la seguridad excede al Código Procesal y al Código Penal. La seguridad tiene dos momentos, uno de evitar y otro de castigar. A la sociedad lo que le interesa es que el delito no se cometa y si ocurre, que sea en términos tolerables. Cuando el sistema fracasa y el delito se comete igual y además aumenta, queda una actitud residual de la sociedad para intentar que estos se juzguen y se castiguen. La sociedad cree, tiene la percepción así, de que se hace justicia, de que el que las hace las paga. Bueno, el Código Procesal Penal está al final de todo lo que yo le acabo de decir.

–¿Y entonces para qué se han aplicado estos nuevos Códigos Procesales?
–Para generar una corrección conceptual (de cómo hacer justicia).En los nuevos códigos, los que acusan son los fiscales y los que juzgan son los jueces. Eso está en la naturaleza de las cosas y en la cultura de la gente.

–¿Cuál fue el cambio entonces?
–El cambio consistió en que antes los que acusaban eran los jueces, ellos hacían toda la prueba y los fiscales eran convidados de piedra. El fiscal tenía que fundar una acusación para un juicio sobre la base de la prueba que había buscado un juez. Esta ha sido la corrección fundamental.

–¿Si no sirve para bajar el delito, mejoró la Justicia en Córdoba, que fue pionera con la aplicación de este nuevo sistema acusatorio?
–Nunca la Justicia está suficientemente mejor como para que se diga “la Justicia mejoró” (risas). La reforma en Córdoba significó una mayor velocidad en la resolución de las causas y un número menor de presos preventivos (detenidos sin condena) de los que había y si le vamos a atribuir un problema a la Justicia argentina, es que es lerda, es decir que en ese sentido sirvió. Ahora, si las sentencias de son más justas que las anteriores, es difícil de decir.

–Por estos días se impulsa otro cambio: que todo el proceso de investigación del fiscal sea oral. ¿La oralidad resuelve más rápido y eficientemente?
–La primera ventaja de la oralidad es la transparencia. La gente se puede enterar de qué es lo que pasa en el juicio y cuáles son las razones por las que se condena o se absuelve. Pero para el Estado, por la limitación de recursos (de fondos), un sistema puramente oral es muy difícil de sostener para todos los casos. Entonces son necesarios los sistemas abreviados, en los que se falla a partir de acuerdos entre acusados y acusador sin todo el desgaste de tiempo y esfuerzo que implica el juicio oral.

–En Mendoza se aplica, aunque no masivamente, ¿realmente funciona?
–La experiencia cordobesa demuestra que el juicio abreviado fue creciendo hasta ocupar hoy día casi la mitad de las sentencias que se emiten sin llegar al juicio oral y público.

–¿Y la trasparencia del proceso? Sucede que si acuerdan antes hay sospechas de arreglo contaminado.
–Siempre pueden existir sospechas, incluso, en Córdoba lo que más le achacaron al juicio abreviado fue que al acusado se lo obligaba a aceptar los acuerdos de pena para no llegar a juicio bajo la advertencia del fiscal de que si no recibiría una pena peor.

–¡Un clásico del cine!
–Sí, como en las películas. Allá ese problema se resolvió dándole la posibilidad tras la sentencia, al condenado por juicio abreviado, a que pueda recurrir al juez para cuestionarla en caso de que el pacto haya sido contra su voluntad.

–En Córdoba funciona el juicio por jurado. ¿Que tal la experiencia?
–Lleva unos seis años y creo que es prematuro dar una opinión.

–¿Pero la gente participa, no se resiste a ocupar su tiempo en un juicio?
–No. Creí, cuando salió este tema, que iba a haber un gran debate público en Córdoba, que la gente se iba a interesar, iba a polemizar pero pasó lo contrario, la gente lo tomó con naturalidad y participa sin inconvenientes. Los únicos que se han peleados son un par de jueces que discuten si es o no inconstitucional.

El caso de los barras de River

Una de las condenas más resonantes y polémicas del último tiempo fue la de los ex jefes e integrantes de la barra brava de River Plate, quienes aunque fueron condenados a perpetua, no fueron enviados a la cárcel.

Los hermanos William y Alan Schlenker llegaron libres al juicio y como en la mayoría de los casos que ocurre así, los condenados no fueron enviados a la cárcel hasta que la sentencia esté firme aun a riesgo de que se fuguen.

José Cafferata Nores no tomó posición sobre el tema pero respondió: “Ante una situación similar, en Córdoba lo que se hace es mandarlos a la cárcel porque antes de la pena el acusado no sabía si iba a ser condenado, en cambio ahora lo sabe y hay claro riesgo de que se fugue”.

Precisó: “En vez de mantenerlo libre, va a la cárcel mientras la sentencia pasa las instancias de revisión. Si en el trámite el fallo cambia (se revierte la condena) es puesto en libertad”.

 

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