Corrupción
Domingo 26 de Junio de 2016

Las sanciones a policías crecieron 40% en 6 meses

La decisión de aumentar el control a los efectivos es parte de la reestructuración que impulsa Cornejo. Los sumarios por robo, amenazas y violencia fueron los que más se dispararon.

La gravedad de los hechos que saltaron a la luz esta semana en el Ministerio de Seguridad y que derivaron en el pase a situación pasiva de cuatro comisarios generales, sospechados de corrupción, no fue una sorpresa para la actual gestión.

Según confirmó Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), el remezón es parte de una reforma estructural de la Policía. "La decisión de esa reforma estaba tomada antes del descubrimiento de estas irregularidades puntuales por la gestión de Alfredo Cornejo".

"Fueron ineficientes y vagos en forma consecuente", dijo Puertas al señalar la inacción como causa principal de la falta de control sobre la policía en el anterior gobierno.

"Cuando asumí la dirección de la IGS, me encontré con expedientes de 2.300 días de antigüedad, es decir que hubo carpetas que durante ocho años ni se abrieron", sentenció. Y agregó: "Un expediente no puede pasar más de un año sin ser movido. O se desestima o se procede a sumariar".

Las pruebas de que éstas no son decisiones aisladas, sino que responden a un plan de reestructuración de la policía, son las medidas sistemáticas que Cornejo ha venido tomando desde sus primeros días como gobernador.

Y que incluyeron el pase a disponibilidad de 8 comisarios generales el 12 de diciembre pasado, las modificaciones a la Ley 6.722 (escalafón policial), la sanción de una legislación para crear la figura del defensor del policía y el incremento del control, que se traduce en datos concretos de la IGS.

En altos rangos

Si bien es cierto que durante los primeros meses del 2016, los sumarios emitidos por la Inspección General de Seguridad se incrementaron en 40% en comparación con igual período de 2015, el dato relevante es el crecimiento de la cantidad de sanciones en los altos rangos de la jerarquía policial.

El incremento de los sumarios a los cincos principales rangos de la jerarquía policial fue del 37%, comparando ambos períodos.

De esta manera, mientras en los primeros meses del año 2015 las sanciones colocadas a comisarios generales, comisarios, subcomisarios, principales e inspectores fueron 13, en el 2016 se efectuaron 35.

En el mismo sentido, mientras el año pasado no hubo sanciones para comisarios generales, este año se efectuaron 4 sumarios –los conocidos a través de los medios esta semana– y según aseguró Marcelo Puertas, viene otra nueva tanda para los próximos meses.

Otro dato que llama la atención es el incremento del 35% de los sumarios a inspectores: pasaron de 6 a 17.

Según el tipo de faltas

En cuanto al tipo de faltas, según las estadísticas proporcionadas por la IGS las que más se incrementaron fueron las sanciones por la pérdida, extravío y robo de armas reglamentarias o de equipamiento policial; la evasión, el hurto, las amenazas, faltas varias y la violencia intrafamiliar.

Los incrementos de las denuncias en estas categorías van del 33% al 85%.

El antecedente

La reestructuración policial que hoy el gobernador Alfredo Cornejo está llevando adelante en "capítulos" tiene un antecedente mucho más conflictivo que el actual.

Se trata de la reforma de 1999, propiciada por el entonces gobernador Arturo Lafalla.

Aquel fue un cambio que hizo temblar los cimientos de una de las instituciones más cuestionadas de la provincia.

Desde la vuelta de la democracia, la reputación de la policía mendocina "gozaba de mala salud". Antes de decidir la reforma, que además de descabezar a la cúpula policial incluyó la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Inspección General de Seguridad y la sanción de dos leyes (6.721 y 6.722) que reestructuraban en forma troncal la organización de la institución, hubo una serie de casos en los que el gatillo fácil y el abuso de autoridad fueron moneda corriente.

A esto se le sumó la revuelta de octubre de 1998, que mantuvo a la provincia en vilo, puesto que se trataba de un hecho inédito: el levantamiento en democracia de la fuerza pública.

La revuelta

En la madrugada del 19 de octubre de 1998, el policía Héctor Castillo fue asesinado de una puñalada en el pecho mientras realizaba un operativo para recuperar un auto robado.

El caso fue el detonante para que más de mil efectivos de la fuerza policial mendocina se atrincheraran en las inmediaciones de la Legislatura. Ocurrió dos días después del asesinato del cabo Castillo.

Los policías, que estacionaron sus móviles frente a la plaza Independencia, pedían aumento salarial, inversión monetaria en equipamiento, más personal y que se eliminaran los cuestionados servicios extraordinarios.

La primera respuesta del entonces gobernador Lafalla no los convenció y a la protesta continuaron sumándose móviles del Este y del Sur.

La situación se calmó luego de que Lafalla pidiera refuerzos a Gendarmería Nacional, y el resultado de aquel levantamiento sin precedentes fue la ya mencionada reforma.

El caso Bordón

Otro de los motivos principales de la reforma fue el resonante caso de la muerte del joven bonaerense Nicolás Bordón, el chico de 18 años asesinado por policías de San Rafael, que luego encubrieron la muerte del adolescente que se encontraba de viaje de egresados en Mendoza.

La impunidad con la que se manejó la policía en aquel hecho provocó que el ex gobernador Arturo Lafalla pusiera en marcha un plan de reestructuración, que luego terminó de diseñarse con la revuelta de octubre de 1998.

Semejanzas y diferencias

Puertas aceptó que las decisiones actuales acerca de la Policía provincial tiene algunas semejanzas con la reestructuración de 1999.

La más evidente es que ambas pretenden superar errores estructurales que socavan la transparencia de la institución que debe velar por la seguridad de los ciudadanos. Otro de los parecidos entre ambos remezones es que apunta a las cabezas del sistema, puesto que es desde allí que se debe alinear el resto de las fuerzas.

Sin embargo, para el funcionario hay una diferencia principal: en 1999 se descabezó a la cúpula policial sin darle derecho a defenderse. En cambio, en esta oportunidad los acusados tendrán una instancia para hacerlo.

Otro de los aspectos diferentes fue el tenor de las causas que generaron las reformas. Mientras que el '99 tuvieron más que ver con el abuso de autoridad, el gatillo fácil y el autocontrol de la policía, actualmente la corrupción se relaciona con posibles negocios millonarios que no fueron controlados por la jerarquía correspondiente.

Además, aquella reforma, que ya cumplió 17 años, apuntaba a incorporar poder civil dentro de la estructura, puesto que la policía se controlaba a sí misma. Con el tiempo, los controles volvieron a relajarse.

Esta vez los cambios van en dos sentidos. Por un lado, devolver jerarquías perdidas a los mandos intermedios a fin de incentivar a los integrantes de la fuerza a superarse; subir los requisitos para ingresar y darles a los buenos policías respaldo con la creación del defensor.

Por otro, castigar la mala conducta, descabezar el sector de la cúpula sospechado de corrupción e incrementar los controles en el resto del cuerpo policial.

Por Paola Ale
Diario UNO

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