Política
Viernes 07 de Agosto de 2015

Ley antiminera: la Corte de Mendoza no hará audiencia pública

Por un voto, el máximo tribunal tomó la decisión, al entender que la discusión de si la norma que prohíbe la minería a cielo abierto es constitucional o no es sólo jurídica.

Por Alejandro Gamero
gamero.alejandro@diariouno.net.ar
Por un ajustadísimo 4 a 3 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en decisión plenaria, es decir con el voto de todos sus miembros, rechazó ayer hacer una audiencia pública para abrir el debate de la inconstitucionalidad de la 7.722, más conocida como la ley antiminera.
Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini, Pedro Llorente y Julio Gómez votaron contra la celebración de la audiencia. 
En cambio, Jorge Nanclares, Omar Palermo y Mario Adaro lo hicieron por la afirmativa. 
La ley 7.722 prohíbe en el territorio de la provincia el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, exploración, explotación y o industrialización de minerales metalíferos, obtenidos a través de cualquier método extractivo.
Dicha ley, sancionada por la Legislatura en 2008 durante el gobierno de Julio Cobos, impulsor de la misma,  tuvo como fin impedir la instalación de empresas mineras dedicadas a la extracción a cielo abierto de oro, plata y cobre, ante el riesgo de la contaminación de las napas de agua que  bajan de la montaña a los valles para consumo humano y cultivos.
Apenas sancionada, la ley 7.722 (vigente al día de hoy) fue cuestionada por la actividad minera, que presentó un recurso judicial en la Corte local demandando que la misma fuera declarada inconstitucional. 
La presentación fue impulsada por Minera del Oeste SRL y aunque ya pasaron siete años –la Corte no tiene plazos para sus fallos– el planteo aún no ha tenido sentencia.
Sin embargo, el máximo tribunal  resolvió ayer una iniciativa que hace dos años había impulsado el Procurador de la provincia (el fiscal de Corte), quien solicitó la celebración de una audiencia pública antes de fallar si la  7.722 es constitucional o no.
El resultado final de la Corte rechazando por 4 votos a 3 la realización de la audiencia pública no es ni supone un anticipo de lo que pueda votar cuando resuelva la constitucionalidad de la norma. 
Al contrario, primero el preanuncio sería  ilegal pero además la resolución de ayer no lo sugiere o lo deja ver, ni siquiera leyendo entre líneas.  
Los fundamentos del rechazo
El 4 a 3 en la Corte polarizó dos posturas en el tribunal: la ganadora, que rechazó la audiencia pública, entendió que no podía invadir con ese acto espacios de otros poderes, afirmando al respecto que “ley 7.722 fue una norma elaborada y debatida en el Poder Legislativo por lo que la Corte se limitará a expedirse en el marco de su incumbencia”, que es el estrictamente jurídico. 
También evaluó que lo que se discute en el expediente es una cuestión, como dicen en los tribunales, “de puro derecho”, en donde no son necesarios los aportes de una audiencia para resolver una cuestión jurídica.
Además no desecharon la herramienta de la audiencia pública como método pero indicaron que “su naturaleza es excepcional” y por lo tanto de aplicación restringida y que no correspondía en este caso.
La postura perdedora, que votó por la habilitación de la audiencia sin lograrlo, puso su foco en la trascendencia del debate de la minería contaminante, “cuya envergadura encuentra interés no sólo de quienes reclaman procesalmente sino el general y colectivo”.
Defendió  que el objeto de convocar a audiencias públicas es para que el interés de los ciudadanos pueda ser tomado en cuenta por los poderes públicos y puso como ejemplo la audiencia pública que convocara la Corte de la Nación por la contaminación del Riachuelo, un tema cuyo impacto se le parece al debate de la minería en Mendoza.
►En 2007. Julio Cobos era gobernador de Mendoza cuando su ministro de Infraestructura, Francisco Morandini, impulsó la ley 7.722 para evitar la explotación a cielo abierto con cianuro. 
► Sigue en pie. Pasaron ocho años y aún la Justicia de Mendoza no falló sobre el reclamo de una firma minera que aquel año pidió que se declarara inconstitucional la norma provincial.

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