San Rafael
Domingo 09 de Octubre de 2011

Los abogados buscan limitar la matrícula, como los escribanos

El número creció considerablemente y desde la Federación Mendocina, que agrupa a los cuatro colegios de la provincia, proponen un proyecto de ley que establezca una numerus clausus  

La Federación Mendocina, que nuclea a los cuatro colegios de la provincia, con el aval de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) presentará un proyecto de ley denominado que establezca la numerus clausus.

El objetivo de esta propuesta es cerrar la matrícula para limitar la cantidad de profesionales en Mendoza.

En San Rafael, el crecimiento de matriculados en la última década (ver ficha) alarmó a las autoridades del colegio local, que responsabilizan al Estado de no intervenir para frenar la oferta educativa de la carrera y no alentar o promocionar estudios afines a la producción.

Esta situación también fue abordada por la Cámara de Comercio de San Rafael, que el domingo pasado durante el almuerzo de las fuerzas vivas expuso su posición sobre el tema y reclamó una mayor oferta en el Sur mendocino.

El presidente del Colegio de Abogados de San Rafael, Gustavo Delpozzi, aclaró la posición de esta entidad y señaló que “el espíritu de la ley no es impedir el estudio de la carrera sino ponerle un límite a la cantidad de matriculados”.

Actualmente, agregó el profesional, “hay 1.000 chicos estudiando abogacía y hay 600 profesionales matriculados en total, de los cuales 335 se recibieron en la última década”.

El letrado señaló que a este ritmo si no hay un límite de cupos se va a llenar la ciudad de abogados y, ante la falta de trabajo, aumentará la industria del juicio.

Delpozzi explicó que el proyecto contempla que todos los estudiantes que están cursando podrán recibirse y matricularse durante los próximos diez años, luego deberán esperar el fallecimiento de un matriculado para ingresar al colegio.

Esto, según el presidente de la entidad, “se replicó con los escribanos, que ya cuentan con una norma similar”.

La idea de los juristas es un disparador para que el Estado, a quien consideran ausente, tome intervención y no se deje influenciar por el lobby de los empresarios que son dueños de las universidades.

Delpozzi dijo que si no es el numerus clausus que tomen otra determinación, como una ley de topes o de concursos para revalidar la matrícula. En San Rafael hay seis facultades que ofrecen como alternativa la carrera de abogacía.

Ante la magnitud de la oferta, muchos alumnos eligen la abogacía para no tener que migrar.

Al respecto, Delpozzi hizo un análisis y ejemplificó que “hoy con 600 matriculados en el Sur mendocino cada abogado puede llegar a tener como máximo un potencial de 90 clientes, pero si el número crece a 1.600 esa cantidad se reducirá sensiblemente y habrá muchos chicos que no tendrán trabajo en el futuro”, concluyó.

Promueven la modificación de la ley de aranceles

La actual Ley de Aranceles 3.641, que regula los honorarios profesionales de los abogados y procuradores, fue sancionada el 9 de diciembre de 1969 y modificada por decreto en 1975.

De acuerdo con estos datos, desde el Colegio de Abogados de San Rafael consideran que sus valores se encuentran totalmente desactualizados.

Este problema ha llevado a la derogación tácita de algunos artículos como el segundo de la norma, cuyos porcentajes deben aplicarse sobre montos en una moneda que no tiene curso legal en la actualidad.

Por este y otros motivos se ha presentado un proyecto para modificar la Ley de Aranceles, ya que “es necesario incorporar un parámetro objetivo y actualizable para la regulación mínima de los honorarios profesionales”.

Los letrados hacen mención a la jurisprudencia actual y citan casos como el de la provincia de Tucumán, donde la ley señala que “en ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido por una consulta escrita vigente al tiempo de la regulación”.

Asimismo el colegio tucumano fijó la consulta verbal en 500 pesos.

Atento a este antecedente y a otros que se dieron en la provincia de Buenos Aires, los profesionales consideran que se debe incluir un artículo en la ley actual que establezca un criterio o parámetro objetivo para la regulación mínima de los honorarios a los profesionales que actúen en la Justicia ordinaria de la provincia.

En ese sentido, y como ocurre en la provincia de Buenos Aires, el colegio sanrafaelino indica que “un parámetro válido sería tomar la remuneración total asignada a un juez de paz de primera instancia”.

A este criterio se le agrega el pedido de fijar en 5 por ciento el porcentaje que deberá aplicarse sobre dicho monto. De esta manera la suma dineraria deberá regularse en concepto de honorarios por actuaciones judiciales y nunca podrá ser inferior al resultante de aplicar este porcentaje sobre la remuneración total de un juez de paz.

Ley de licencias para abogados y procuradores

Otro tema que preocupa a los juristas es que los abogados y procuradores no tienen en la provincia de Mendoza un régimen de licencias por enfermedad, accidentes y maternidad.

Esta situación afecta a los clientes que pueden ser perjudicados porque el abogado no puede faltar a una audiencia, aunque el juez sí lo puede hacer si se enferma.

Por ese motivo solicitarán un régimen que contemple tal situación. 

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