Mendoza
Domingo 04 de Junio de 2017

Cayó una banda de jefes policiales por robo de combustible

Tenía al menos ocho integrantes y era liderada por un comisario y su mellizo, un subcomisario. Los pasaron a pasiva. La Inspección de Seguridad llevó pruebas a la Justicia: una indica que a un móvil que no circuló le fueron cargados 1.029 litros

Una banda policial de al menos ocho miembros, presuntamente liderada por un comisario y un subcomisario –son hermanos mellizos– que estaban a cargo del Mantenimiento Edilicio y de Automotores del Ministerio de Seguridad, está en la mira de la Inspección General de Seguridad, la Justicia penal y la Fiscalía de Estado. Según la investigación de la IGS, hay documentación que, entre otras irregularidades, demuestra que cargaban varios centenares de litros de combustible en patrulleros que figuraban como fuera de servicio y que también usaban movilidades que no estaban registradas. Disparó la pesquisa el llamativo y meteórico enriquecimiento de uno de los uniformados. A los hermanos y a otro integrante de la banda se los pasó a pasiva y ahora cobran medio sueldo.

Panorama preocupante
En 2016 la IGS sumarió a 25 comisarios. Hasta marzo último esa cifra se elevó a 37. El año pasado en total fueron sumariados 381 policías de distintos rangos y según datos de aquel órgano de contralor "al 20% de ese total la Justicia le comprobó el delito por el que se lo acusaba, por lo que fueron exonerados. Algunos de ellos están privados de la libertad en el penal San Felipe; otros no cumplen condenas efectivas", apuntó Marcelo Puertas, titular de la Inspección.

Un equipo aceitado
El expediente 2.364/16 de la Inspección General de Seguridad despunta con una denuncia contra los mellizos Oscar Fabián Zingariello Arancibia, comisario jefe de la División Mantenimiento del Automotor, y el subcomisario Carlos Horacio Zingariello Arancibia, ex jefe de Mantenimiento Edilicio. Ambos debían reportar las novedades a la Dirección de Logística. Hoy están acusados de malversación de caudales públicos, caso que involucra a subalternos de ambos.

Tras la denuncia, el 21 de junio del 2016 la IGS aconsejó intervenir las divisiones, cerrar las oficinas de ambos acusados y trasladar al personal a cargo e inició una investigación interna. "La primera denuncia que nos llegó afirma que una odontóloga había donado un sillón de uso odontológico a la Policía, que el aparato debió de haber quedado al cuidado de uno de los denunciados pero desapareció. Después nos llegaron acusaciones del sospechoso enriquecimiento de uno de ellos, que en poco tiempo había comprado un taxi, una Toyota Etios 0 kilómetro, una Ford Ranger, cuatriciclos, motos y otros rodados. También nos alertaban sobre el robo de combustible y repuestos, que más tarde pudimos comprobar", comenzó diciendo Marcelo Puertas.

De la investigación surge que el suministro y carga de combustibles en movilidades de la Dirección de Logística entre los años 2014 y 2015 eran controladas por el director de Logística, sargento Juan José Manzano Lombardo, quien le daba el poder de carga y control al sargento Jorge Omar Martínez Asfenato.

Tras constatar el consumo de combustible que se registraba en el sistema Petrored, es decir lo que se cargaba con vales en las estaciones de servicio adheridas, con la "provisión cuota normal" que se presentaba en la Oficina de Supervisión de combustible del ministerio siempre había discrepancias. Es decir, siempre se cargaba más de lo que se registraba como consumo.

"Sólo por citar el ejemplo más burdo, el móvil 329 no registró salidas y tampoco ingresos de las instalaciones de la Dirección de Logística del Ministerio durante los meses de marzo y junio de 2015, sin embargo en el historial de consumo en el sistema Petrored ese móvil realizó un consumo de 700 litros de combustible en marzo y 329 litros en junio, es decir 1.029 litros en dos meses. Las cargas de marzo las hicieron el subcomisario Carlos Zingariello –hermano del jefe de Automotores– y el sargento Jorge Martínez Asfenato. La misma situación se detectó con los móviles 2.263 y 911. Es claro que en esto contaban con la connivencia de los bombistas, para quienes se pedirá una compulsa –investigación que se desprende de la primera– porque muchas veces realizaban una carga al móvil y el resto en otros recipientes", explicó Puertas.

Junto con cada una de las cargas irregulares aparecen quienes las realizaron en el sistema Petrored y quienes finalmente figuraban como haberlas hecho para el Ministerio de Seguridad. Curiosamente en varias de ellas aparecía como responsable ante el ministerio el sargento Jorge Martínez Asfenato, quien debía controlar las cargas, por lo que era juez y parte. Por ello, la IGS también aconsejó su pase a disponibilidad, al igual que con los hermanos Zingariello. Para Lombardo Manzano, que era jefe civil, se recomendó la cesantía, para que no vuelva a ser contratado por el Estado. A todos se los denunció en la Justicia.

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Investigan compras y destinos de materiales y mobiliario
Si bien la primera causa a la que se abocó la Inspección General de Seguridad fue la denuncia del robo de combustible, la investigación no termina allí: paralelamente se están realizando otros seis sumarios que involucran a los hermanos Zingariello y a otros uniformados que estaban bajo su mando.

Entre lo que se busca constatar figuran el presunto robo de repuestos y otras compras de la división Automotores.

"En los inventarios de los repuestos comprados aparecen 20 correas de distribución pero las correas no están. También figura la compra de 20.000 litros de aceite, pero en realidad se pudo establecer que habían comprado aceite usado cuyo precio es significativamente inferior al lubricante de fábrica. Esto obviamente perjudicaba el funcionamiento de los motores de los móviles en los que se usaba aquel aceite", apuntó otro de los directores de la IGS, Ricardo Batiz. También está en la mira de los investigadores internos la administración de los materiales adquiridos por el área de Mantenimiento Edilicio, que estaba a cargo del subcomisario Carlos Zingariello.

Las denuncias en su contra apuntan a que pudo haber desviado materiales y capital destinados a la construcción del edificio de la Dirección de Narcocriminalidad, que funciona en la Base Cóndor, inaugurado en 2015. "No hay que perder de vista que en ambas divisiones, Mantenimiento Edilicio y de Automotores de Logística, se maneja gran parte del presupuesto del Ministerio de Seguridad. De ellas salen las compras no sólo de combustible y los repuestos del automotor sino también de los muebles y materiales necesarios para refaccionar, por ejemplo, la sede de una comisaría. Si hay malversación el perjuicio es grande", apuntaron desde esa cartera.

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Hubo 17 años sin sumarios a comisarios generales
En la verticalista estructura policial, el rango del comisario general está en la cúspide y es claramente el que más poder ostenta. Extrañamente desde el 2000, después de la purga policial del ex ministro Alejandro Cazabán, la Inspección General de Seguridad no sumarió a ningún comisario general. Tampoco se abrieron investigaciones por los famosos servicios extraordinarios, que hasta duplicaban el sueldo de varios policías.

El historial de nulas investigaciones sobre mayor cargo de la fuerza terminó en 2016 cuando la IGS sumarió a 7 comisarios generales, algunos de ellos sospechados de alimentar el negocio de los servicios extraordinarios, que algunos policías cumplían justo cuando debían estar en una comisaría. También los comisarios inspectores (segundo rango de poder) investigados pasaron de ser 1 en el 2015 a 7 en el 2016, incluido Daniel Humberto Neila, primo del gobernador Alfredo Cornejo.

La escasez de investigaciones de la IGS también se nota en el rubro servicios extraordinarios. En 2015 nadie fue sumariado por este asunto y en 2016 hubo 25 sumarios de irregularidades arrastradas desde hace años.

De las sanciones que la Inspección aconsejó, la Junta de Disciplina confirmó el 92% y es el ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien finalmente las aplica.

De las medidas disciplinarias sugeridas, la Junta aplicó 81 en 2015 mientras que en 2016 la cantidad se duplicó a 161. Las sanciones expulsivas (cesantías o exoneraciones) pasaron de 39 en 2015 a triplicarse a 120 en 2016.