Mendoza
Domingo 10 de Septiembre de 2017

Las polémicas fotomultas de la Ruta 7, en San Martín

El único sector de esa ruta que se controla por radar en territorio mendocino son los 32 km que pasan por esa comuna. De forma voluntaria sólo se paga el 14%.

Los únicos 32 kilómetros de la ruta 7 que están controlados por radar en suelo mendocino son los del territorio de la Municipalidad de San Martín.

El control comenzó a fines de octubre de 2015 y desde entonces la polémica nació, creció y sigue hasta ahora.

Todo comenzó cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial le otorgó a la Municipalidad de San Martín la facultad de realizar controles viales. Y control de velocidad, entre otras atribuciones.

Además la Comuna fue la primera en otorgar licencias nacionales. Para implementar el sistema el Municipio debió cumplir las normas establecidas.

Por ejemplo, que la empresa que proveyera los radares estuviera homologada y que todo el sistema estuviera aprobado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y por la propia ANSV.

Además, que fuera operado por personal municipal capacitado, frente a personal de la empresa. Que la empresa notificara convenientemente a los infractores y que la ruta estuviera señalizada.

En los dos últimos meses de ese año se realizó una cantidad de actas sorprendente: 135.000. Sin embargo luego una gran parte de ellas fueron anuladas. "Había errores diversos, que debieron ser corregidos", indicó Oscar González, secretario de Gobierno del Municipio.

En 2016 las multas fueron unas 65.000 y este año apuntan a mantenerse en un número similar.


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Pero no todas se cobran. Sólo el 45% de ellas logran ser notificadas convenientemente. La empresa entrerriana Systeco, concesionaria del sistema y encargada de remitir las actas a los infractores, cuenta con los domicilios que le corresponden al titular del rodado que cometió la infracción e identificado con la chapa patente en las fotos registradas.

Muchos han modificado su domicilio o no se ha realizado la trasferencia del vehículo y el trámite no puede cumplirse.

Del total de las infracciones notificadas, casi el 14% es pagado en forma voluntaria.

Quienes deciden hacerlo así abonan $2.518, contra los $8.000 que implica el pago fuera de término y que tarde o temprano deberá ser abonado cuando el dueño del vehículo involucrado en la infracción quiera renovar su licencia de conductor.

Conclusión: de las 50.000 infracciones anuales por exceso de velocidad que levanta San Martín, sólo el 45% de las multas logran ser notificadas a los infractores y sólo el 14% de quienes reciben las pagan.

Desde que se implementó el control por radar de la velocidad máxima en el departamento, los accidentes viales graves disminuyeron drásticamente.

De los 16 amparos presentados ante la Justicia para evitar el pago de las multas, ninguno prosperó. En cambio los descargos que se han presentado han tenido mejor suerte, ya que cada caso fue revisado y algunas actas fueron anuladas.