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Jueves 09 de Julio de 2015

Por desconocimiento o por creencias religiosas, en Mendoza no se aplica la ley de muerte digna

Hace un año que Diputados aprobó la adhesión a la norma nacional vigente, pero el Senado aún no se manifiesta. En la Cámara Alta opinan que sumarse   no es necesario, ya que la normativa del Congreso rige para todo el país.  

Por Rosana Villegas
villegas.rosana@diariouno.net.ar
Por desconocimiento legal, apego a los mandatos del Congreso Nacional o por no zanjar la ardua discusión de si en Mendoza se debe o no permitir la muerte de una persona en estado terminal, la Legislatura mendocina parece estar entrampada en materia de la llamada muerte digna. Diputados dio media sanción al proyecto para adherir a la ley nacional, pero en Senadores entienden que no es necesario expedirse respecto de esa norma porque es aplicable en todo el país. Conclusión: el proyecto está frenado hace un año. En idéntica situación está otra iniciativa: la que obliga a establecer comités de bioética en los hospitales.
“Es una ley que avanza en los derechos de los pacientes y para conseguir la media sanción de Diputados, se hizo una gran consulta en la que participaron distintos sectores, religiosos y profesionales, que acordaron que se debía avanzar en la aplicación de la ley Nº26.529 y su modificación del año 2012. Sin embargo, ese proyecto y el de los comités de bioética –necesarios para la aplicación de la norma– están en el Senado desde hace más de un año y por lo que sé, se encuentran en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC)”, aseguró ayer el autor de la iniciativa, Luis Francisco, diputado del FPV.
La demora en el tratamiento de esta ley, también conocida como ley de muerte digna, podría deberse –según el legislador– a que “algunos legisladores tendrían objeción de conciencia por sus creencias o porque no han estudiado profundamente el proyecto”.
Desde su banca en esa comisión senatorial, el radical Juan Carlos Jaliff dijo desde su experiencia: “No es necesario que como provincia debamos adherir a esta ley porque la aplicación es nacional” y añadió: “El artículo 22 de la ley dice claramente que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud provincial. En lo que sí hay que adherir es en el régimen de sanciones y en el acceso gratuito a la justicia. En nuestra provincia, este acceso es gratuito porque existen los defensores oficiales y en cuanto a las sanciones será un tribunal de ética del Colegio Médico quien deba aplicarlo o la Comisión de Bioética médica que debemos analizar”.
Para el legislador, “hay que frenar este festival de adhesiones a leyes nacionales porque es innecesario;  de otra manera, el Congreso dictaría leyes de cumplimiento sólo en la Casa Rosada o en los organismos nacionales y esto no es así”, señaló con cierta ironía. Aseguró que en todo caso el Poder Ejecutivo provincial “puede establecer por decreto un protocolo de aplicación”.
En la misma línea, se inscribió la sudirectora de Derechos Humanos de la Corte mendocina, Eleonora Lamm: “No es necesario pensar en adhesiones provinciales porque no somos Estados Unidos, donde cada Estado es independiente. Somos un país federal y por esto las leyes nacionales son de aplicación en todo el territorio del país. Si acá se pretendiera aprobar algo más acotado, sería inconstitucional”, advirtió.
Comités hospitalarios de ética
Sea que se aplique la ley nacional directamente o se decida sancionar la adhesión, se vuelve necesario revitalizar la Comisión Provincial de Bioética que regule el funcionamiento de esos comités hospitalarios, que incluyan un grupo interdisciplinario, pluralista y participativo. 
Aunque en Mendoza hay varios comités de bioética hospitalarios –por ejemplo en el pediátrico Humberto Notti y en el Luis Lagomaggiore–, no están en todos los efectores públicos, lo que sería obligatorio a partir del proyecto que está guardado en el Senado. 
El texto establece que deberán contar con al menos 9 integrantes, de distintas disciplinas, entre los que se cuenten médicos, enfermeros, abogados, filósofos, trabajadores sociales y representantes de la comunidad. 
Serán nombrados por el director del hospital, luego de una terna propuesta por el Ministerio de Salud. Deja sujeta a la reglamentación interna de cada centro sanitario la incorporación de referentes de algún culto y personal administrativo de ese centro asistencial.
Esos comités, además de prever la capacitación y cumplimiento de funciones de sus integrantes, también definirá un régimen disciplinario. 
“Este es un proyecto innovador que busca a través del funcionamiento de estos comités dar una salida más humanizada a la situación que se plantea y no necesitar judicializar esos casos”, consideró la médica Marta Fracapani, directora de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Cuyo.
►"Hay que frenar este festival de adhesiones a leyes nacionales, ya que es innecesario. Aquí, el Ejecutivo podría fijar el protocolo de aplicación por decreto” (Juan Carlos Jaliff, senador de la UCR)

►"La normativa avanza respecto de los derechos de los pacientes. Para lograr la media sanción, se consultó a sectores religiosos y profesionales” (Luis Francisco, diputado del FPV y promotor de la adhesión)

►26.742 es la ley de derechos del paciente. Se sancionó en el 2009. Establece que tiene derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos, con o sin expresión de causa, como también a revocar luego su voluntad. Se modificó en 2012. Dispuso que si el paciente no dio su voluntad, se contemplase la de los familiares. 
Avance para la aplicación en las provincias 
Establece la autoridad de aplicación: en jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria local. Invítase a las provincias a adherir a esta ley en materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia.
 

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