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Sábado 10 de Septiembre de 2011

Que haya justicia para su señoría

El fiscal Omar Palermo solicitó al juez Walter Bento que libre orden de detención para el magistrado procesado por delitos de lesa humanidad.

Otilio Romano rechaza la justicia. Ésa es la cuestión. Lo demostró cuando siendo fiscal federal privó de justicia a las víctimas de la última dictadura militar. Vuelve a ponerlo de manifiesto en estos momentos en que se ha escapado del país para no ser sometido a un juicio justo, que lo llevaría a la cárcel teniendo en cuenta las evidencias que trabajosamente se han aportado al proceso en su contra, en el que es acusado por delitos de lesa humanidad en 103 casos.

Es el mismo magistrado que, ya en democracia, obstruyó durante largos años la búsqueda de la verdad, por ser quien manejara los hilos de la Justicia federal en Mendoza. Tanto que recién a partir de 2009 los abogados comprometidos con la necesidad de juzgar y castigar a los culpables lograron acceder a los expedientes para encontrar un patrón de regularidad delictiva en más de un centenar de casos relacionados con la represión.

En situaciones de normalidad institucional el asilo tiene lugar cuando no hay garantía de justicia en el país de origen. No es el caso argentino, ni Romano es un perseguido político.

A raíz de la maniobra de pedido de asilo se abren distintas instancias que podrían devolverlo al banquillo de los acusados: una posibilidad es la expulsión del vecino país. Precisamente ése es el pedido que ha hecho al Palacio de la Moneda el diputado chileno Hugo Gutiérrez, de larga militancia en los derechos humanos contra el régimen pinochetista.

El legislador del PC, en diálogo con radio Nihuil puso como única duda el perfil ideológico de Piñera y el antecedente de denegación de la extradición por parte del gobierno de Cristina Fernández de Apablaza Guerra, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien había sido reclamado para ser juzgado en Chile.

En cambio, el legislador evalúa como proclive a la expulsión el probable dictamen de una comisión asesora del Poder Ejecutivo chileno, que cuenta entre sus integrantes a miembros del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas. Además, Chile es parte de la Convención Interamericana contra la Tortura y de la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas. Estando procesado por delitos de lesa humanidad, Romano no podría alegar causales políticas.

Por otro lado, el fiscal Omar Palermo ha solicitado al juez Walter Bento la orden de detención, lo que podría activar el trámite de extradición. Interpreta que al suspendido juez no lo ampararían los fueros –inmunidad de arresto– por haber violado previamente la obligación de informar al juez sobre sus movimientos y escaparse al país trasandino.

La otra vía sería abreviar el trámite de destitución, en ausencia, por parte del Consejo de la Magistratura para que no haya lugar a interpretaciones ambiguas sobre los fueros.

Los tiempos podrían acelerarse a partir del próximo jueves, cuando el cuerpo se reúna para considerar quitarle sus haberes como magistrado en virtud de la “intención evidente del Dr. Romano de abstraerse del proceso judicial en trámite, así como del proceso de remoción”.

Son distintas alternativas que buscan someter al otrora hombre fuerte del fuero federal mendocino a lo que por tanto tiempo ha negado: la justicia. Nada más y nada menos.
 

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