San Rafael
Martes 23 de Agosto de 2016

Reforma en el Sur: los fiscales dirigirán las causas y los jueces controlarán

Este esquema rige en el resto de la provincia. Para unificar la forma de trabajar se lo quiere aplicar en la zona, donde ahora los jueces penales hacen las dos cosas y fiscales acompañan. Crearán más fiscalías para investigar delitos.

Un proyecto elaborado por magistrados locales propone una reforma de la Justicia penal del Sur mendocino para unificar de una vez la provincia de Mendoza bajo el “nuevo” Código Procesal Penal (CPP), surgido de la Ley 6.730 de 1999 y que actualmente rige sólo en la zona Norte, Este y Valle de Uco.
La Justicia sureña continúa funcionando bajo el viejo CPP, donde la investigación judicial de los casos penales (homicidios, asaltos, robos comunes, abusos sexuales, agresiones con armas y otros delitos) es dirigida por los jueces de Instrucción, quienes a la vez deben velar que no se violen los derechos y garantías de los acusados o detenidos, es decir investigan y a la vez se autocontrolan. En este esquema los fiscales de Instrucción acompañan en la tarea.
Con el nuevo código, estos fiscales dirigirán exclusivamente la investigación judicial y los jueces pasarán a tener una tarea de control (velar por los derechos y garantías y revisar que los procedimientos se realicen correctamente) y mantendrán la facultad de autorizar los allanamientos.
Una provincia, dos justicias
Esta unificación es para dar solución a una situación insólita que se vive hace 16 años, ya que hasta San Carlos la Justicia de Mendoza trabaja de una forma y del Divisadero para abajo funciona de otra manera.
Es que un código procesal penal establece, por decirlo en forma muy resumida, formas de proceder y atribuciones de jueces y fiscales. Y nuestra provincia funciona con dos esquemas diferentes.
La unificación se ha demorado por la crónica falta de dinero en el Poder Judicial y el desinterés de los distintos gobiernos provinciales, por lo que este proyecto intenta no ser pretencioso y prevé el menor costo posible.
Para ello plantea un reordenamiento general de juzgados y fiscalías penales pero sin afectar lo que en el Sur funciona bien (como la rápida tramitación de las causas de los delitos más graves y su elevación a juicio en un promedio de 6 meses a 1 año), aunque aspirando a mejorar otros aspectos.
Con la reforma propuesta, San Rafael pasaría a tener cinco fiscalías de Instrucción para que investiguen los distintos delitos que afectan a la sociedad (actualmente lo hacen tres juzgados de Instrucción con dos fiscalías de Instrucción que acompañan) y cuatro juzgados de Garantías y Correccionales (la primera atribución será de control de los fiscales y la segunda se encargará de juzgar los delitos menores penados con menos de 3 años, que incluyen los accidentes viales con lesiones o muertos, que son muchos casos).
En tanto que en General Alvear quedarían dos fiscalías de Instrucción y dos juzgados de Garantías y Correccionales.
En este reordenamiento se prevé que tanto en San Rafael como en Alvear un juzgado de Instrucción se transforme en fiscalía de Instrucción, por lo que el juez que esté al frente pasará a trabajar como fiscal. La ley del nuevo CPP ya prevé este cambio de funciones.
Además, se propone otorgar competencia al Tribunal Penal de Menores de San Rafael para que trate los pedidos de revisación (apelaciones) de las decisiones de los jueces de Garantías y así evitar crear una cámara de apelaciones local.
Malargüe aún sin juzgado penal
En Malargüe deberá hacerse todo de cero, debido a que en abril de 2015 se sancionó la Ley 8.781 que crea un juzgado de Instrucción pero aún no se ha llevado a la realidad por falta de dinero.
La propuesta para aplicar el CPP en el Sur incluye reformar esa ley para sumarle las atribuciones de Garantías, Correccional y Penal de Menores y ampliar su competencia territorial a El Sosneado por su cercanía.
Esa norma también creó una fiscalía penal y una defensoría oficial, que con la modificación se le ampliará competencias y jurisdicción al distrito sanrafaelino.
Personal y dinero, claves del proyecto
Para que esta reforma tenga éxito es clave la designación de personal y presupuesto, de lo contrario terminará en el fracaso.
Se propone que cada fiscalía de Instrucción cuente como mínimo un ayudante fiscal, dos secretarías, dos prosecretarías, dos jefes de mesas de entradas y diez auxiliares, lo que duplicaría el personal actual. Y se pide dos co-defensores para cada defensoría oficial.
El delegado local de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Darío Bermejo, dijo a UNO San Rafael que la idea es “replicar lo que ya hay en la parte norte de Mendoza, pero adaptarlo a la realidad del Sur sin crear la superestructura que tienen allá”. Por eso se “prevé lo mínimo indispensable”.
Indicó que “el presupuesto que calcularon los que armaron el proyecto es de $52 millones por año” y se lo presentaron al Ministerio de Justicia de la provincia, que “lo recibieron con agrado, nos comentaron que están trabajando con proyectos alternativos y que iban a ver la posibilidad de ensamblarlo con lo que estaban pensando ellos de un proceso más del estilo chileno”.
No le hablaron de plazos, pero sí lo hizo el gobernador Alfredo Cornejo en su visita a San Rafael para presentar el helicóptero policial. "Antes de fin de año queremos tener en marcha el nuevo Código Procesal Penal en el Sur, que hace 16 años se aplica en el resto de la provincia. La Justicia permanentemente dice que todo se realiza con más plata, pero para mejorar la Justicia no hace más recursos, hace falta mejor gestión de lo que ya se tiene. No obstante vamos a poner plata para la aplicación del CPP y se van a crear los cargos necesarios pero no tanto como se pedían. Vamos a hacer una redistribución de lo existente", manifestó el mandatario.
José Luis Salas
unosanrafael2012@gmail.com

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