San Rafael
Lunes 23 de Noviembre de 2015

Se encadenó en Tribunales a la espera de que le devuelvan su vivienda

La mujer objeta el contrato de alquiler que hizo la inmobiliaria con los inquilinos. La primera Cámara Civil tiene tiempo hasta el 14 de diciembre para expedirse. Desde la inmobiliaria señalaron que "hubo un acuerdo tácito para el alquiler y que la mujer cobró los primeros meses". Todas las voces.  

Un hecho de tensión se vivió este lunes por la mañana en el acceso a Tribunales cuando una mujer se encadenó a una columna para exigir la devolución de su vivienda que en abril fue alquilada por una inmobiliaria pese a que, según ella, "el contrato no es válido porque no está mi firma y no existe un poder para comercializarla". 
Arminda Torres, la denunciante, tomó esta decisión luego de un fallo contrario al pedido de desalojo de su propiedad ubicada en el barrio San Francisco de esta ciudad. Es que Torres inició la causa en el Cuarto Juzgado Civil a cargo de Mónica Cubillos, donde solicitó el desalojo tras su regreso de la provincia de Chubut donde se había radicado por la enfermedad de uno de sus hijos. 
La mujer, que solicitó su traslado a la Dirección General de Escuelas a principio de año para asistir a su hijo de 27 años, dice haber dejado las llaves de su casa en custodio de la inmobiliaria y niega haber participado de cualquier negociación para alquilarla. 
En marzo, Torres viajó al sur del país para asistir a su hijo y en junio regresó al departamento. Allí según sus dichos a UNO de San Rafael, "se encontró con la desagradable sorpresa" de que la casa había sido alquilada a un matrimonio con dos hijos menores. 
Ante esta situación, según manifestó Torres, "tuve que salir a alquilar un departamento temporario para alojarme con mis dos hijos menores e internar al mayor en un lugar especializado" y agregó que "el 30 de noviembre lo tengo que desocupar y no sé donde voy a ir a vivir". 
La mujer afirmó que "me siento estafada porque la inmobiliaria cerró la operación sin mi consentimiento y firma". En ese sentido señaló que "me enteré de esta situación cuando volví a San Rafael con mis tres hijos y me encontré con los ocupantes en mi propiedad".
Ahí, según su relato, empezó la historia judicial con el inicio de una causa por desalojo inmediato que se tramitó en el Cuarto Juzgado Civil, cuya titular lo desestimó en un fallo en primera instancia. En el mismo "dice no haber fundamentos para el pedido de desalojo porque no hay incumplimiento del contrato de alquiler ni falta de pago". 
Apelada la sentencia en noviembre ante la Cámara Civil, uno de los jueces que la integra, Darío Bermejo, aclaró que "el expediente se encuentra en estudio y hay plazo de sentencia hasta el 14 de diciembre". También agregó que "esta cámara evaluará la apelación de Torres".
Bemejo insitió en que "no hay dilación en los tiempos procesales" como lo objetó Arminda Torres en la presentación de su escrito ante esa cámara de apelaciones. 
En búsqueda de todas las voces, UNO de San Rafael dialogó con el titular de la inmobiliaria, Mauro Riéffolo, quien desmintió a Torres y aseguró que "nuestro error fue haber confiado en la palabra de la titular de la propiedad".
Al respecto aclaró que "en enero se acercó a la inmobiliaria la señora Torres con intenciones de alquilar esta propiedad por un posible traslado, por razones familiares, al sur del país".
La interesada fue cliente de la inmobiliaria, señaló su titular, y aclaró que "en el pasado hemos cerrado dos operaciones con ella y no hubo problemas". En este contexto afirmó que "fue Torres quien incluso antes de partir al sur abrió las puertas de su casa para que este matrimonio la visitara antes de alquilarla".
"Así fue como se incició la negociación hasta que Torres debió viajar a Chubut", recordó Riéffolo, y aseguró que "una vez firmado el contrato con este matrimonio le pedimos a la propietaria el número de cuenta y de CBU para girarle los pagos por el alquiler". Algo que según el expediente en la causa nunca se dejó de cumplir, agregó el empresario. 
Cuando la mujer volvió del sur, prosiguió Riéffolo, "nos comentó el problema e incluso ofreció indemnizar a los inquilinos para recuperar su vivienda". En este punto, aclaró "estuvimos de acuerdo y le dijimos que ibamos a solucionar el inconveniente". 
Pasado un mes, agregó, "conseguimos una nueva vivienda para los inquilinos y cuando nos quisimos comunicar con Arminda Torres nos encontramos con el inicio de la causa judicial". 
Esta compleja situación, añadió Riéffolo, "nos ha generado un sinfin de inconvenientes y por ese motivo hemos iniciado una causa penal por estafa contra la señora Arminda Torres". 
Lo cierto es que ahora la última palabra la tiene la Justicia que antes del 14 dará conocer su fallo para saber cómo se resuelve esta difícil situación. 

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