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Miércoles 09 de Noviembre de 2011

Se venció el plazo que se autoimpuso la Legislatura y hoy se trata la adhesión a la Ley de Discapacidad

La presión de los padres de los chicos con discapacidad y el programa CQC jugaron un rol fundamental en la presión a los legisladores. Hoy se sabrá si tuvieron resultado sus gestiones.

Analía Boggia
aboggia@diariouno.net.ar


Llegó el día. Hoy se cumple el plazo que se impuso la Legislatura para tratar la adhesión de Mendoza a la Ley de Discapacidad que rige a nivel nacional. Todo hace prever que los diputados darán luz verde para que la Provincia ponga en vigencia la norma que garantiza la cobertura total de las prestaciones para personas discapacitadas, sobre todo teniendo en cuenta que a la presencia de los familiares de los futuros beneficiarios se sumará la del equipo del programa de TV porteña Caiga Quien Caiga.

Los miembros que integran las comisiones de Desarrollo Social, Salud, Derechos y Garantías, Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara Baja terminaban de definir ayer la redacción del despacho que será discutido hoy en el recinto. Aunque hasta ahora la única certeza es la adhesión a la norma nacional.

El texto que se debatirá hoy reúne 11 iniciativas distintas en torno de la problemática de las prestaciones que requieren los discapacitados, que cobró trascendencia nacional hace dos semanas tras la visita de Gonzalo Rodríguez, notero que conduce el segmento “Proteste ya” en CQC.

En principio, y tras las negociaciones que hubo durante toda la jornada, el proyecto que se debatirá hoy propondrá la adhesión de Mendoza a la Ley 24.901. Aunque el PJ también peleaba por incluir la modificación de la carta orgánica de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) para obligar a los jueces a aportar.

Esta última medida tiene dos razones: por un lado, corregir una desigualdad que viene arrastrándose desde hace varios años, y por el otro conseguir más recursos para financiar la aplicación de la norma que rige en el país desde fines de los ’90 que obliga a las obras sociales a cubrir todas las prestaciones que requieran las personas que padecen alguna discapacidad.

El oficialismo calcula que hay cerca de 250 jueces que no aportan a OSEP y que eso representa una suma de $5,5 millones anuales aproximadamente. Aunque de todas maneras se estima que se necesitarán $40 millones por año para hacer frente a los costos del cumplimiento de la norma, en caso de que finalmente se apruebe.

En lo estrictamente financiero, el texto también incluirá una autorización al Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias y poder así financiar las prestaciones que necesitan los discapacitados.

Según confirmó a Diario UNO el diputado oficialista Alberto Recabarren, otro de los puntos que los legisladores planeaban incluir en la redacción del proyecto es la autorización para los mayores de 21 años a permanecer en OSEP, siempre que tengan certificado de discapacidad.

Hay que recordar que el 28,7% de los hogares de Mendoza tiene por lo menos un miembro con alguna discapacidad mental, motriz o sensorial, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Desde las 9, los familiares de discapacitados se concentrarán en la puerta de la Legislatura, mientras los diputados deciden la redacción definitiva que llegará al recinto.
 

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