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Jueves 27 de Octubre de 2011

Según una ONG, unas 300 familias de campesinos están en conflicto por tierras

Si bien no se conoce la cantidad exacta de personas, esa es la cifra mínima de grupos de campesinos que corren el riesgo de perder sus propiedades, según una investigación de diariouno.com.ar, con colaboración de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Desde el gobierno admitieron que sólo saben que 150 familias iniciaron los trámites de posesión formal.

Por Fabricio Panella Vidal

Según la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UTRST), alrededor de 300 familias de campesinos tienen sus tierras en litigio con particulares y grupos empresarios, en todo el territorio provincial. En diálogo con diariouno.com.ar, Liza Nasisi, integrante de esta ONG, dio a conocer la cifra que, ante la inexistencia de algún registro específico y la poca información al respecto, de antemano se supone podría ser mucho mayor.

La UTRST hace tiempo que viene trabajando en torno a esta problemática que acecha a gente de trabajo rural cuyas tierras representan su principal sustento y medio de vida. Sin embargo, al ser éstas adquiridas hace más de un siglo y traspasadas de generación en generación sin más documentación que las tradiciones ancestrales y la palabra dada, los campesinos no tienen cómo demostrar el dominio de sus propiedades.

El último caso resonante en el secano de Nueva California, es emblemático. En ese distrito de San Martín pretenden desalojar a unas 15 familias de puesteros cuyas tierras (unas 8 mil hectáreas) fueron adquiridas de forma dudosa por un grupo empresario coreano. Los trabajadores no poseen títulos de propiedad pero durante décadas viven allí gracias al sustento que les permite sus tierras: la escasa agricultura y la crianza de animales, que luego es comercializado en los centros urbanos. En todos los casos se repite la misma tónica en los conflictos.

El mapa de los puntos conflictivos

Con la investigación de diariouno.com.ar (hasta el momento inédita por el casi nulo conocimiento que se tiene del tema), y la información suministrada por la UTRST, se pudo confeccionar una suerte de mapa de los lugares donde los campesinos se encuentran amenazados y en peligro de perder sus tierras. Según el trabajo que viene encarando la ONG, Malargüe es el departamento con mayor cantidad de familias en problemas: unas 140, distribuidas por los parajes de Coihueco y Campo Malayos. En este último sitio un grupo de empresario de Malasia mantienen un litigio con los puesteros.

En San Rafael hay cerca de 80, en los parajes de Trintica, Los Leones, Agua del Blanco, Borbarán y Agua Escondida. En Lavalle son 50: Encón, Jocolí Norte y el distrito de 3 de Mayo. Alrededor de 28 en el Valle de Uco, la mayoría de ellas en el Campo El Yaucha, en San Carlos. Unas 25 familias en el Este: Nueva California, La Verde y Pichanas, y por último un número no determinado (por ser zonas de inaccesibilidad) en el sector precordillerano, según indicó a este portal la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra.

La palabra oficial

El gobierno reconoció que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de puesteros ni el volumen de tierras las cuales están involucradas. Pero el secretario de Ambiente de la provincia, Pablo Gudiño, afirmó que si bien no existe en poder estatal algún listado de campesinos en problemas, sí hay un registro de puesteros, el cual se está actualmente confeccionando. "Sabemos que hay 150 familias que han iniciado los trámites de posesión de tierras pero esto no significa que haya sido producto de conflictos de tierras", aclaró.

Vicente Abate, titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial Urbano, dependiente de esta cartera, y quien en sus manos depende parte del problema, indicó que en el registro de puestos rurales hay 2.000 identificados aunque estimó que "falta inscribir alrededor de un 30 por ciento".

Con respecto a las normas vigentes, la Ley 8.140, del Programa de Arraigo de Puesteros, Tierras y Pobladores de Zonas Áridas No Irrigadas, fija una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año "a la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se encuentran en ejecución de sentencia", sin embargo después de esa fecha se dará vía libre legal a posibles desalojos, a pesar de que otra norma, la Ley de Arraigo 6.086 (sancionada en noviembre de 1993) adjudica y legitima la posesión y tenencia de las tierras a los campesinos.

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