Política
Martes 27 de Diciembre de 2011

Senadores aprobó otorgar una pensión de por vida a detenidos durante la dictadura

Ahora el proyecto giró a la Cámara de Diputados local para que revise las modificaciones. Los beneficiarios serán aquellos que hayan sido privados de su libertad por cuestiones políticas entre 1976 y 1983.

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó este martes el proyecto de ley referido al otorgamiento de un beneficio vitalicio para los detenidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, en razón de haberse realizado modificaciones, el proyecto volvió a la Cámara de Diputados para su consideración.

El proyecto determina que se establece un beneficio de pago mensual para los hombres y mujeres que, en su condición de civiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sufrido detenciones por motivos políticos.

En el proyecto original se indicaba que los beneficiarios son aquellas personas que hayan sido “privadas de libertad en condición de civiles, por actos emanados de autoridades militares, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero”.

En la modificación se establece que “hayan sido condenados por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra”. Se agregó que “no se tomará en consideración para el otorgamiento de este beneficio el tiempo de detención”.

En el artículo 2, el nuevo texto señala que “no podrán acceder al beneficio quienes resulten beneficiarios de alguna prestación mensual o pensión, de origen nacional, provincial o municipal, derivada de la misma situación. Sin perjuicio de ello, tendrán el derecho de optar por el beneficio reglado en la presente ley, de acuerdo con las correspondientes reglamentaciones”. Queda en firme que el derecho a reclamar el beneficio es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud.

En el artículo 4, en los incisos c, d y e se indicaba que eran beneficiarios los hijos menores de edad al momento de su fallecimiento y ahora se estableció el redundante en voga “hijos e hijas”.

En el artículo 5, el proyecto original indicaba que el Ministerio de Gobierno, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos será la autoridad de aplicación y ahora se establece que es el Ministerio de Desarrollo Social, por intermedio de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

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