Política
Miércoles 05 de Octubre de 2011

Sergio Schoklender pidió que el juez Oyarbide se aparte de la causa

El ex apoderado de la Fundación de Madres solicitó que se le transfiera el caso a Martínez de Giorgi, magistrado que investiga los contratos de viviendas del programa Sueños Compartidos.

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender le pidió hoy al juez Norberto Oyarbide que se inhiba de seguir investigándolo por supuesto lavado de dinero y defraudación, y que le transfiera la causa a otro magistrado que investiga irregularidades en los contratos por la realización de viviendas sociales.

Schoklender recordó que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga "hechos idénticos" a los de Oyarbide, y que al ser el magistrado que recibió la primera denuncia penal es quien debe asumir la totalidad de la investigación.

"Esa identidad en la causa y objeto de la investigación, es decir, que la misma versa sobre los mismos hechos, deriva en una doble persecución penal", evaluó Schoklender, para quien la duplicidad de expedientes puede dar lugar a "la sanción de pronunciamientos contradictorios".

El ex mano derecha de Hebe de Bonafini explicó que su planteo tiende a "evitar la pluralidad de pronunciamientos jurisdiccionales sobre un mismo asunto".

El juez Oyarbide investiga el manejo de fondos públicos una vez que fueron recibidos por la Fundación, e intenta determinar si hubo un desvío del destino original de los mismos; mientras que Martínez de Giorgi tiene a su cargo la pesquisa de los contratos de viviendas sociales que se previeron realizar en el programa "Sueños Compartidos" entre la entidad que dirige Hebe de Bonafini y los distintos municipios o gobernaciones.

"Ambos procesos deben ser unificados", según Schoklender, quien presentó un escrito del mismo tenor reclamando a Martínez de Giorgi que pida a Oyarbide que decline su competencia.

Para Schoklender "no existen dudas de que el origen de los posibles ilícitos investigados en ambas causas no resulta otro que determinar si existieron irregularidades en las contrataciones efectuadas entre el Estado y la Fundación, y cual fue el destino del dinero proveniente de dichas contrataciones".

"No podría ocurrir que de un mismo hecho investigado como ilícito, deriven la comisión de delitos diferentes que sean investigados distintos jueces", añadió.

Schoklender ejemplificó que "si se demuestra que el contrato suscripto entre la ciudad de Buenos Aires y la Fundación posee vicios, mi persona, al ser firmante, deberá ser al menos imputada por dichas irregularidades".

Además, entendió que la pericia pedida por Oyarbide a peritos técnicos y de arquitectura, para saber si las obras realizadas guardan relación con los valores pagados por la Fundación, persigue el mismo fin que lo que intenta determinar el otro juez.

En su escrito, Schoklender citó un antecedente de un fallo del caso Skanska en donde Oyarbide rechazó despegarse de una parte de la causa por la presentación de facturas apócrifas, y la Cámara -según invoca el ex apoderado- revocó esa decisión.

"Resulta improcedente proseguir el trámite de dos causas simultáneamente, existiendo riesgo, atento a la doble persecución, que se arribe a decisiones contradictorias", concluyó.

Schoklender es investigado por presunto lavado de dinero y fraude a raíz del manejo de fondos públicos que recibía la Fundación para la construcción de viviendas, y las cuáles les eran encargadas a la constructora Meldorek S.A, que le pertenece casi en su totalidad (90 por ciento).

Para el juez Oyarbide hubo un desvío de fondos que tenían como fin la construcción de esas viviendas, y fueron cambiados en mesas de dinero, y otra parte utilizada para la compra de bienes de algunos de los imputados, como es el caso de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Mientras tanto, el fiscal de la causa Jorge Di Lello sigue analizando una treintena de reportes de operaciones sospechosas (ROS) que entregó la Unidad de Información Financiera (UIF).

Entre esos reportes hay dos de María Alejandra Bonafini, hija de Hebe, uno por 50 mil dólares y el otro por 100 mil pesos, y muchos otros de Monetización, la financiera que está vinculada a Fernando Caparrós Gómez, otro implicado.

El fiscal está revisando esos ROS, que van desde 2001 a 2011, y si bien muchos de ellos no son útiles para la causa, los investigadores tienen en cuenta aquellos emitidos desde 2009, esto es el año en que Schoklender se hizo propietario de Meldorek.

Fuente: NA

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