Valle Grande
Martes 22 de Mayo de 2018

La Corte le dio a Mendoza y La Pampa 90 días para acordar por el Atuel

El máximo organismo judicial de la nación volvió a postergar una resolución

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió fijar un plazo de noventa días para que las provincias de La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, se pongan de acuerdo en el uso de aguas del Río Atuel e indiquen el porcentaje de los costos de las obras que cada una de las jurisdicciones afrontará.

También resolvió que en el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza el 9 de mayo de 2018. La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz.

Finalmente, el Tribunal dispuso que, en caso de que no se arribare a un acuerdo, las jurisdicciones involucradas deberán informar las razones que lo expliquen y la Corte definirá el curso de acción ulterior.

Ya en febrero la Corte había tomado una decisión similar postergando la decisión.

En febrero desde Irrigación se dijo que Mendoza hizo una propuesta seria del tema basada en estudios técnicos que "nos permiten erogar continuamente 1.33 m3 por segundo para recomponer el ambiente en el noroeste de La Pampa que según fotos que tenemos no está tan deteriorado. Además le sumamos a esta oferta una propuesta de 35 perforaciones para mejorar el caudal pero no hubo respuestas de La Pampa".

Un fallo en contra no solo eliminaría hectáreas, también pone en riesgo el ecosistema del Nihuil y Valle Grande. Es que erogar agua continua como lo pretende La Pampa en años de crisis podría disminuir las reservas que llegadas al 27% de cada embalse empiezan a ser perjudiciales para el medio ambiente.

Los orígenes del conflicto:

La causa comenzó cuando la Provincia de La Pampa inició un proceso contra la de Mendoza por los términos del art. 127 de la Constitución Nacional, a fin de que se declare el incumplimiento de la demandada a diversas obligaciones vinculadas con la regulación de los usos del río Atuel, y que se le prohíba efectuar cualquier tipo de acción u obra sobre el referido río y sus afluentes que implique una alteración de la cantidad o calidad del agua que deba llegar a su territorio, entre otras pretensiones acumuladas.

La disyuntiva por las aguas del río Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en San Rafael, que modificó el curso del agua, perjudicando supuestamente al oeste pampeano, según los denunciantes.


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