Corrupción
Martes 05 de Febrero de 2019

Los bienes recuperados de la corrupción en Mendoza serán para reparar y construir escuelas

Es lo que estipula el proyecto de ley de extinción de dominio que impulsa el gobierno mendocino para los casos de la órbita provincial.

Mendoza tiene su propio proyecto de Ley de extinción de dominio y en el mismo se prevé que todos los bienes recuperados en causas de corrupción sean destinados a la construcción o reparación de edificios escolares.

Así lo confirmó Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia, en diálogo con Radio Nihuil.

"Lo que busca el proyecto es impedir el disfrute de los beneficios económicos del delito transfiriendo esos bienes o activos al Estado para que pueda aplicarlos a finalidades públicas. En el caso de Mendoza, por expreso pedido del Gobernador, los activos que se recuperen de la corrupción deben ir a la construcción y reparación de escuelas".

Esos bienes producto del delito pueden ser inmuebles, autos de lujo, dinero en cuentas bancarias, entre otros, y lo que establece el proyecto de ley es que el producido de los bienes que se subastan, deducidos los gastos y el fondo de garantías, debe ir a Rentas Generales con la imputación exclusiva de reparación y construcción de escuelas.

"Esta es una de las principales estrategias adoptadas no en Argentina o en Mendoza, sino en el mundo, en los últimos 20 años para enfrentar la corrupción y la criminalidad", añadió el subsecretario de Justicia.

La decisión de qué escuelas se repararán o en qué departamentos se construirán no tendrá que ver con el municipio del cuál se hayan recuperado bienes. Esta aclaración tiene que ver con el caso Luis Lobos (exintendente de Guaymallén), uno de los principales apuntados por el Gobierno.

En cuanto al proyecto en sí, D'Agostino explicó que el DNU emitido por el presidente Mauricio Macri les dio la posibilidad de avanzar con el proyecto propio, ya que antes hubiera sido imposible porque deberían haber reformado el Código Civil que es resorte exclusivo de la Nación y no de la provincia.

"No obstante, como ocurre siempre con estos temas, el proyecto puede haber disparado algunas objeciones especialmente de cierto sector de la oposición, comunmente infundadas y aprovechadas por quienes se oponen a que el Estado recupere los bienes de la corrupción", agregó el funcionario.

En caso de que el bien que se pretenda recuperar haya sido transferido a un tercero que lo adquirió de buena fe (sin saber que provenía de un delito) y a título oneroso, es decir que pagó por el mismo, lo que se hará es deducir el valor de ese bien y se lo ejecuta al imputado.

"Por ejemplo, si un inmueble que fue comprado producto de la corrupción pero luego fue vendido y adquirido por otra persona demostrando la buena fe y que no conocía el origen ilícito de ese bien, que no se puede ir contra ellos, sino contra el que lo adquirió a través de la corrupción", cerró D'Agostino.

Fuente: Diario UNO de Mendoza

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