Mendoza
Viernes 14 de Septiembre de 2018

La compra del Próvolo causó un revuelo político

Desde el kichnerismo sospechan de la compra y hasta la vicegobernada pidió resguardar el proceso

Un verdadero revuelo político y judicial ha generado la compra del predio del instituto Próvolo por parte de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Desde la vicegobernadora hasta distintos sectores de la oposición ponen en alerta sobre que la causa penal corra riesgo ante esto. Hay preocupación en las víctimas ante la imposibilidad de cobrar un resarcimiento. Además, ayer el cura Nicola Corradi (82), uno de los principales imputados, sumó una nueva acusación ante una declaración.

Causó sorpresa el anuncio del intendente Omar De Marchi acerca de la adquisición que hacía su Comuna del terreno ubicado en calle Boedo, en Carrodilla. La compra de los casi 69.000m2 en 153 millones de pesos cuando estaba valuado en unos 600 millones ha generado todo tipo de análisis.

Los legisladores de Unidad Ciudadana Paloma Scalco y Jorge Tanús solicitaron en conferencia de prensa la intervención del procurador de la provincia, Alejandro Gullé, y la suspensión de la compra del inmueble.

Tanús señaló que el pedido al procurador obedece a "la cantidad de situaciones extremadamente anormales para actos de tamaña entidad institucional, como lo es el tratamiento exprés; falta de evaluación de impacto ambiental; no contar con la tasación del Tribunal Provincial de Tasaciones; no se observan estudios de títulos como planos de mensura, inhibición de bienes, entre otras".

"La compra se realiza con el fundamento de un notorio beneficio económico sin pensar en los afectados por los delitos que se investigan en ese instituto, que habrían pedido la inhibición de bienes y sin tener en cuenta que aún se realizan en el inmueble pericias que forman parte de la investigación judicial", agregó el diputado nacional.

La concejala Paloma Scalco reclamó que el Municipio "suspenda cualquier acto vinculado con la adquisición, atento al pedido de los legisladores para que se investigue si la venta es parte de una maniobra para insolventarse y evadir eventuales acciones".

"Teniendo en cuenta que no es un inmueble común, le hacemos un pedido de humanidad al intendente De Marchi. Que se ponga en el lugar de los familiares de las víctimas del Próvolo", completó Scalco.

En un tono más conciliador, pero también manifestando su preocupación, se refirió al tema la vicegobernadora Laura Montero. "Hay que resguardar el proceso y a las víctimas para llegar a la verdad. Esto lo debe hacer el Poder Judicial y el dueño del edificio. Pongo advertencia en esto para que se tomen los recaudos y se pueden seguir realizando las medidas probatorias", destacó la funcionaria.

Montero fue una de las impulsoras en la investigación de los abusos sexuales en la escuela religiosa, ya que una de las primeras víctimas se le acercó en la Legislatura y le contó lo que se vivía allí. "Me comuniqué con el intendente (De Marchi) para expresarle mi preocupación sobre el proceso y la posibilidad de las víctimas de un resarcimiento", cerró la presidente del Senado.

También durante la mañana de ayer el concejal de Luján por el FIT Nicolás Córdoba y el abogado Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, estuvieron con el fiscal de Estado Fernando Simón y le solicitaron información respecto de la ordenanza municipal de la transacción y el valor en el que se vendió la propiedad.

En cuanto a los damnificados, uno de los abogados que los representa, Oscar Barrera, manifestó lo extraño de la situación ya que el ofrecimiento por parte de la Obra de San José –era dueña del terreno– se produjo el 31 de agosto pasado y este miércoles se anunció la compra. "Esto se hace entre gallos y medianoche y no se entera nadie. Es raro", aseguró el querellante.

Barrera adelantó que en la fiscalía que investiga los abusos presentarán un pedido de preservar el predio tal cual estaba como prueba y medidas cautelares para garantizarles el cobro a las víctimas ante la posibilidad de que se licue el patrimonio de los ex propietarios.

El fiscal a cargo de la causa, Gustavo Stroppiana, hace meses ordenó que cesara la intervención judicial del colegio luego de que se levantaran todas las pruebas. Sin embargo, los abogados entienden que esto se debe pedir una vez que se cierre el expediente, con el juicio para todos los acusados, ante la posibilidad de más denuncias.

Otra causa para Corradi
El cura italiano Nicola Corradi, uno de los encargados del Próvolo, sumó ayer una acusación. Un hombre que hoy vive en otra provincia vino hasta Mendoza a ampliar su declaración y señaló que cuando era menor y asistía como alumno al instituto fue vejado por el sacerdote. Se trataría de un abuso sexual agravado.

Este sospechoso hoy se encuentra con arresto domiciliario a la espera de ser juzgado, al igual que el cura Horacio Corbacho y los ex empleados Jorge Bordón y Armando Gómez, señalados autores materiales de los hechos. La megacausa tiene 10 imputados más, entre los que hay dos monjas y ex directivos, algunos con prisión domiciliaria y otros en libertad.

Fuente: Diario UNO de Mendoza