Mendoza
Viernes 01 de Junio de 2018

Se siente el malestar en el Palacio Judicial por la falta de recursos

La ley 9.040 marcó la defunción de las cámaras del crimen y la puesta en marcha de los Tribunales Penales Colegiados.

La ley 9.040 marcó la defunción de las cámaras del crimen y la puesta en marcha de los Tribunales Penales Colegiados. La norma rige desde este viernes en Mendoza para la realización de los juicios orales y públicos por casos criminales.

Y como todo cambio, generó malestares de toda especie entre los responsables de hacer justicia en el fuero penal.

Desvisten a un santo para vestir a otro, opina un magistrado que debió abandonar el espacio físico que ocupó durante casi 20 años para ocupar otro. Este es el problema de la frazada corta, agrega otro: quieren hacer algo nuevo con lo mismo de siempre, sin invertir ni un peso en más recursos humanos (empleados y jueces), muebles e inmuebles. No sé si va a funcionar, zanjó maletín en mano.

Estreno: 1 o 3 jueces
Con el cierre de las ocho cámaras del crimen se acabaron las sociedades fijas tripartitas de magistrados encargados de atender los expedientes que llegaban por Mesa de Entradas. Ahora, la Justicia penal tiene una plantilla de 24 jueces que por sorteo y a razón de 1 o de 3 serán designados para resolver tal o cual causa. Así, por ejemplo, un imputado podrá ser juzgado por tres jueces (Tribunal Penal Colegiado) que nunca antes hayan trabajado juntos porque hasta ayer lo hicieron por separado, cada uno en su tribunal y con los dos compañeros de siempre.

Lógicamente, en la Justicia penal acusan el impacto de lo nuevo. Sin embargo, algunos magistrados, especialmente los más jóvenes, le ponen el pecho al desafío y se declaran entusiasmados.

Pasado y presente
Antes de la reforma, cada una de las cámaras del crimen tenía su propia sala para hacer los juicios. Estaban estratégicamente ubicadas al lado de los despachos de los usías. A pasitos. Literalmente.

Prácticamente había una cámara del crimen con su sala en cada piso, lo que generaba un alto tránsito de imputados, detenidos esposados, penitenciarios armados, testigos y parientes de los presos. Ahora, la Justicia utiliza salas construidas en tres sectores perfectamente delimitados del edificio, aislando la actividad interna del resto. Ya funcionan a pleno las que están ubicadas en el ala sur de la llamada planta suelo. Hasta allí deben ir ahora los magistrados para juzgar y sentenciar.

Antes, el sector Sur de la planta suelo estaba repleto de oficinas próximas a la puerta de acceso al Palacio pero peligrosamente cerca de la Alcaidía de Detenidos. Ahora, los 80 metros de longitud del sector Sur fueron encapsulados: se clausuró la puerta que da a la calle Virgen del Carmen de Cuyo y en el otro extremo hay policías que custodian el ingreso de personas al pasillo donde se levantan, a ambos lados, las nuevas salas de juicios orales y públicos.

Las hay chicas para los casos con uno o dos acusados que deben ser resueltos por un solo juez y que son de baja repercusión pública, y también hay otras más espaciosas y cómodas para cuando deben intervenir tres jueces en casos con más de tres imputados o convocantes para la prensa.

Por regla, todos los juicios deben estar a cargo de un solo juez (unipersonal). Pero la excepción indica que el caso podrá ser atendido por tres jueces (colegiado) siempre y cuando la defensa del acusado o el fiscal lo pidan expresamente.

Todo lo que se diga en un juicio quedará registrado en soporte audiovisual gracias a la oralidad (antes quedaba en formato papel).

Diferencia: el juez a cargo se determinará a través de un sorteo
Antes, que un juicio estuviera a cargo de tal o cual juez o jueces dependía de la fecha en que había ocurrido el hecho ilícito. Así, la causa recaía en la cámara del crimen de turno.

Desde este viernes depende del resultado de un sorteo que se realiza a través de un programa informático. Así, los nombres de los 24 jueces giran en un bolillero hasta que el personal de la OGAP, encargado de ese proceso y de otros de tipo organizativo, saca de a una bolilla de acuerdo con la cantidad de magistrados que se necesiten para desarrollar el proceso.