Mendoza
Miércoles 08 de Agosto de 2018

Sospechan del pago y cobro de coimas en La Rosadita local

Se detectaron operaciones con cheques de empresas privadas por sumas de entre $25.000 y $60.000.

Una extensa lista de operaciones bancarias con cheques recibidos y emitidos por empresas privadas, por sumas que van desde $25.000 hasta $60.000, es uno de los puntos más impactantes de la investigación judicial en marcha acerca del funcionamiento de La Rosadita mendocina, como se conocía a la oficina montada en el barrio Bombal para licitar y certificar obras públicas a pocos pasos de la Casa de Gobierno, en forma paralela y de modo irregular, entre 2013 y 2015, durante la gestión de Paco Pérez.

La punta de este iceberg fue un cúmulo de comprobantes encontrados en una casa de esa exclusiva zona, a fines de 2015 y comienzos de 2016, a poco del ingreso de los funcionarios de Alfredo Cornejo a la cartera de Obras Públicas.

El análisis de la documentación activó la fuerte sospecha judicial de que pudo haberse cometido el doble delito de cobro y pago de coimas. O, dicho técnicamente, cohecho pasivo y activo, respectivamente.
De todo hallaron en esa propiedad, que era costeada por una de las constructoras beneficiadas por los contratos y licitaciones a medida: boletas de depósito bancarias, cheques que en el dorso contenían la leyenda "rechazado por falta de fondos", denuncias de sustracción de cheques y también de extravío de algunas de esas cartas de pago.

Todos los cheques eran de cuentas corrientes de bancos privados. Y las titulares de esas cuentas corrientes eran empresas privadas que hacían obras públicas gestadas en La Rosadita y alcanzaban hasta las inspecciones con las autorizaciones pertinentes.

Los 4 expedientes en cuestión están en mano de Hernán Ríos Ruiz, uno de los cuatro fiscales de Delitos Económicos del Poder Judicial de Mendoza. Todos comenzaron a tramitarse en 2017, con pruebas encontradas y reunidas el año anterior.

De acuerdo con la nomenclatura organizativa del sistema judicial, están identificados con los números P-45.118, 45.119, 45.120 y 45.121.

Hay un imputado: Claudio Barraza, quien estaba a cargo de la Dirección de Infraestructura Básica que, para sorpresa del Gobierno primero y de la Justicia después, funcionaba en paralelo con la Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas.

La figura de Barraza es un misterio en los tribunales, ya que a pesar de haber sido citado en dos oportunidades, jamás se presentó. Ningún abogado tampoco se ha presentado en su nombre en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

La plata sale a escena
Cuando la Justicia comenzó a producir pruebas vinculadas con la gran cantidad de operaciones bancarias, los indicios que quedaron en La Rosadita mendocina condujeron directamente a dos mujeres.

El protagonismo de ambas era muy relevante: estaban encargadas de recibir los cheques de parte de los privados. Luego de registrarlos en un sistema interno hasta que, llegado el momento, los depositaban o los cobraban en ventanilla. El destino de esas sumas en efectivo es, por ahora, un misterio.

Otras veces, ya en ese último tramo, se encontraban con la grave noticia de que algunos valores no tenían respaldo en el sistema bancario, por lo cual pasaban al lote de los cheques rechazados porque los emisores no contaban con suficiente dinero para pagarlos. O, como se dice en la jerga bancaria, pasaban al ítem de los cheques "rebotados" que, necesariamente, iban a requerir de futuras gestiones para asegurarse la cobranza.

Entre las notas de los investigadores figuran varios cheques por $29.000 y algunos por importes muy superiores a los $50.000.

La ruta completa de esos valores se fue reconstruyendo con la colaboración de especialistas contables del Cuerpo Médico Forense y la información solicitada por la Justicia a los bancos por donde pasaron los cheques. Esto incluye la titularidad de las cuentas corrientes emisoras y los detalles de los movimientos.