Mendoza
Miércoles 17 de Octubre de 2018

Ya son diez los operadores del exCose con títulos truchos

Este martes se conoció que les sacaron el nombramiento a cuatro. Otros habían sufrido la misma suerte hace unos meses

Cuatro empleados del ex COSE (Centro de Orientación Socio Educativo) fueron echados por el Gobierno provincial por falsificar sus títulos secundarios, tras una investigación que comenzó en mayo de 2016, cuando el hecho fue denunciado por el director general de la actual Dirección de Responsabilidad Juvenil.

Ahora se comprobó que los certificados escolares eran faltos, lo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de darles de baja.

El 23 de mayo de 2016, el director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo Piracés, solicitó que se remita a la Dirección General de Escuelas (DGE) "la comprobación de autenticidad de una serie de certificados de títulos secundarios presentados por agentes, últimos ingresos a planta permanente y/o temporaria", según consta en el Boletín Oficial.

A continuación se detalla nombre y apellido y DNI de diez personas, las cuales estaban bajo investigación.

Pero los informes expedidos por las diferentes institucionales determinaron que cuatro de esos títulos secundarios no eran auténticos.

Los empleados echados son Hugo Norberto Videla, Gustavo Javier Roque, Sergio Raúl Zarandón y Raúl Omar Cabañas y en todos los casos los establecimientos educativos a los que supuestamente habían concurrido eran Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), que son la institución principal de Secundaria de Adultos.

Según los distintos establecimientos, tales personas no estaban matriculadas, nunca habían asistido a esta escuela y el número de Libro Matriz y Folio correspondía a otra persona, lo que les brindó a las autoridades argumentos necesarios para comprobar que los certificados analíticos presentados eran truchos.

Estos cuatro nombres se suman a otros seis que habían sido descubiertos en febrero de este año, también en el ex COSE.

En esa oportunidad, los trabajadores habían accedido a la planta permanente en 2014 y las autoridades iniciaron la investigación a raíz de rumores que llegaron a la dirección sobre la existencia de certificados truchos. El pedido de comprobación de la veracidad de los documentos fue realizado en junio del 2016 y la decisión de la desvinculación fue tomada por el Ministerio de Gobierno.

En febrero, los empleados echados fueron Franco Rodrigo Munafó, Juan José Moreira, Pedro Mauro Cristofori, Pablo Gregorio Tejera, Aldo Ángel Gabriel Spitaleri y Humberto Jesús Muñoz Cruz, con la misma situación de los anteriores: no existían registros en las escuelas donde decían haberse recibido o presentar el título de otra persona en uno de los casos.

Arturo Piracés, titular de la Dirección de Responsabilidad Juvenil, explicó a UNO cómo se originó esta investigación, que se inició al principio de la gestión: "En el Gobierno anterior hubo muchos pasantes a los que no se reconoció y ellos en la Subsecretaría de Trabajo reclamaban su derecho, e incluso hubo una paritaria. Pero el Gobierno sacó la resolución de que no existe la figura del pasante en la Administración Pública. Entonces no pudieron entrar. Y ahí salió la versión de que había gente con certificados que eran truchados, lo que generó un lío interno".

"Eso me obligó a mandar los certificados de todo el personal a la DGE, algo que hablé con Jaime Correas. Y desde febrero a ahora han llegado los resultados, con diez que no son auténticos de los 350 que enviamos", explicó el funcionario.

En esta decena de certificados falsos están los seis que se dieron a conocer en febrero y los cuatro que salieron ahora.

Para Piracés estos serían los últimos casos, ya que "me han devuelto casi todos y están todos en orden".

A estos diez trabajadores con certificados truchos "no se les reconoce el nombramiento", dijo el funcionario mientras que sobre ellos se les realizará una denuncia en Oficina Fiscal correspondiente.

"Los resultados pasan de la DGE al Ministerio de Gobierno y ellos luego me lo notifican. Lo que me queda a mí es hacer la denuncia penal en la fiscalía, porque es un delito provincial", aclaró Piracés, quien ahora intentará que le permitan remplazar a esos operadores cesanteados.