País
Domingo 30 de Diciembre de 2018

El Gobierno quiere que el Senado sesione en febrero para nombrar más jueces

El presidente Mauricio Macri planea terminar su mandato habiendo nombrado más de 350 jueces.

En un 2019 que estará marcado por la campaña electoral, en el Gobierno nadie se anima a asegurar que la intención oficial de avanzar en el Congreso con un nuevo Código Penal que contempla penas más duras va a encontrar eco en la oposición, pese a los casi dos años de búsqueda de consenso.



Pero la depuración de la Justicia, como les gusta decir a algunos asesores del Presidente en materia judicial, continuará: tras un 2018 en el que se superó la meta de 100 pliegos de jueces enviados al Senado, ahora Mauricio Macri apuesta a designar otros 80 magistrados en el primer semestre y así superar los 350 nombramientos en su mandato.




El Ejecutivo dará la primera señal de esta intención en enero, cuando envíe más de 30 nuevos pliegos al Senado, que se sumarán a otros 88 que aguardan en la Cámara Alta para ser aprobados. De hecho, el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya le avisó a Miguel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista; en que Macri convocará a extraordinarias en febrero para el debate de este tema.




La buena sintonía con el principal dirigente de la bancada más numerosa de la oposición y la buena valoración del grueso del arco político sobre el trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura en la confección de las ternas le permiten al Gobierno confiar en que los nombramientos no quedarán empantanados por la campaña.



Los puestos que el Gobierno intentará cubrir más rápido son en dos fueros que le interesan especialmente: el laboral y el de la Seguridad Social. Respecto al primero se tratan de 8 vacantes en los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo, mientras que para el fuero previsional son cuatro cargos en la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la que asoman bien posicionados algunos magistrados que actualmente se desempeñan en primera instancia, como las doctoras Alicia Braghini, Adriana Cammarata y del juez subrogante Fernando Strasser. El Gobierno ve a ellos con buenos ojos, a partir de las posturas adoptaron ante distintas iniciativas, como la Reparación Histórica o la reforma previsional.




En el fuero Civil, hay ocho cargos a completar, todos en juzgados nacionales de primera instancia. El Gobierno quiere que estos magistrados sean la punta de lanza para imponer su proyecto de oralidad a nivel nacional, que entre otras cuestiones persigue el objetivo de reducir a más de la mitad el plazos de los casos.




Otros siete pliegos serán para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata. Allí cuenta con muchas chances María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa Hotesur, que involucra a la familia Kirchner.


Curiosamente, en ese mismo concurso se postuló Roberto Boico, uno de los abogados de Cristina Kirchner y del ex secretario Legal y Técnico Oscar Parrilli. Boico tuvo mucha suerte durante el kirchnerismo: fue nombrado por la ex Presidenta como conjuez de Casación, luego de ser empleado del Senado, durante la gestión de Amado Boudou. Ahora resulta impensable que Macri envíe su pliego. Tozudo, Boico se postuló para otros cargos: el Juzgado Federal de Río Gallegos, el de Mar del Plata, la Cámara Federal de La Plata y el Juzgado Electoral de la Provincia de Buenos Aires.



Para una de las dos vacantes que hay en la Cámara Federal de San Martín, parece número puesto Germán Manuel Moldes, hijo del fiscal de Cámara.




El listado inicial de alrededor de 30 pliegos todavía se puede engrosar, ya que en los próximos días se volverá a reunir la mesa judicial, que además de Garavano conforman el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el jefe de asesores del Presidente, José Torello; y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En ese encuentro pueden destrabarse la "puja" que hay en otras 50 ternas que propuso la Magistratura.



El caso emblemático de esta situación es el concurso 376, para la Cámara Nacional Electoral, que estará a cargo de la organización del debate -ahora obligatorio- entre candidatos a Presidente.




La puja está entre dos candidatos que actualmente se desempeñan en la Cámara como secretarios: Alejandra Lázzaro, quien terminó primera en la terna y cuenta con el apoyo del radicalismo, pero ahora sería vetada por el presidente de Boca y asesor sin cargo de Macri en términos judiciales, Daniel "Tano" Angelici; y Hernán Gonçalves Figueiredo, que es impulsado por los "pepines", como llamó Elisa Carrió al sector que lidera el principal referente judicial de Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; y también tiene apoyo del peronismo. Esto último, en un año electoral en el que el Gobierno necesitará consenso, podría ser decisivo. Fuente: Clarín.

Comentarios