San Rafael
Martes 12 de Febrero de 2019

El Obispado de San Rafael fue a la Corte para poder dar misa en las escuelas

La disputa entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Iglesia Católica sumó un nuevo episodio este martes, cuando el Obispado de San Rafael presentó un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia para dar vuelta atrás con la resolución de la DGE y así poder celebrar misas en los establecimientos educativos.

Desde la DGE aseguran que todavía no les llegó ninguna notificación al respecto pero que están al tanto de la nueva demanda interpuesta por el Obispado sureño.

"El Obispado ha ejercido una vía de impugnación contra la resolución 2719/18 de la DGE referida a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad o acción que implique la práctica religiosa durante los días y horas hábiles en las escuelas de gestión estatal de Mendoza", explicó el director de Asuntos Jurídicos de la DGE, Francisco Fernández, en Radio Nihuil.

El reclamo tiene como objetivo de que se puedan volver a celebrar misas y diversas actividades religiosas en los establecimientos públicos.

"La resolución está firme, el cuestionamiento que pueda realizar el Obispado de San Rafael está dentro de sus herramientas técnico jurídicas", dijo Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la DGE

Fernández aseguró que la resolución de la DGE fue tomada por mandato constitucional y normativo de la Ley Provincial de Educación, por lo que no hubo acuerdo con el Arzobispado, y por lo que no debería avanzar con éxito el reclamo del Obispado de San Rafael.

"Esto rige para cualquier tipo de culto reconocido por la República Argentina y cualquier Asociación Civil con personería que pretenda ejercer algún tipo de actividad de carácter religioso durante días y horas escolares. Se permite el uso de las instalaciones de las escuelas públicas en días y horas inhábiles escolares", agregó el funcionario.

Por último, Fernández destacó que tanto esa resolución como la 2849, que es la que dio respuesta al Arzobispado sobre el recurso de revocatoria, "son instrumentos jurídicos conforme a derecho y que carecen de vicios".

"Lo que hizo la DGE está dentro de sus facultades constitucionales y normativas. Es justamente asegurar la prestación del servicio educativo de carácter público, obligatorio y laico", cerró Fernández.

Fuente: Diario UNO de Mendoza

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